Las 176 reformas económicas y sociales de Cuba empiezan a traducirse en nuevas normas que amplían el espacio para la empresa privada, facilitan la inversión de cubanos en el exterior y flexibilizan el uso de tierras, en un intento por dinamizar la economía y abrir más el mercado interno

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, sostuvo que las medidas podrían tener impacto en el corto plazo, aunque advirtió que todavía es difícil medir su alcance por la presión externa. En la misma línea, el viceministro Carlos Luis Jorge Méndez afirmó que se trata de un proceso real y en marcha

Empresas privadas más grandes

Una de las principales novedades es que ya pueden existir empresas privadas con más de 100 trabajadores, además de las micro, pequeñas y medianas empresas habilitadas desde 2021. También se autoriza la creación de cadenas comerciales con presencia nacional y la asociación con capital extranjero

Contratación directa e inversión de la diáspora

Las compañías extranjeras podrán contratar de forma directa a sus empleados, sin pasar por agencias estatales, y bonificar su trabajo con pagos en divisas. A la vez, los cubanos que residen fuera del país podrán participar como socios en empresas privadas, junto con residentes permanentes extranjeros, con el objetivo de atraer capital desde la diáspora

Usufructo por plazos más amplios

La nueva normativa también amplía el usufructo de bienes y tierras. En algunos casos, el plazo podrá ser de 99 años renovables por otro período similar, mientras que el Estado podrá entregar tierras a personas jurídicas por tiempo indeterminado. Las condiciones finales deberán fijarse en cada acuerdo

Un giro con límites

El economista Omar Everleny considera que el andamiaje legal apunta hacia una apertura de mercado y reconoce afinidades con experiencias de Vietnam y China, sobre todo en la búsqueda de inversión de la diáspora. Sin embargo, advierte que las sanciones complican la implementación

Según Everleny, persisten obstáculos como las dificultades para importar, el impacto de las sanciones sobre bancos y empresas, y reclamaciones pendientes vinculadas a nacionalizaciones de los años 60. También quedan por aprobar aspectos bancarios y el funcionamiento de las casas de cambio

Para los próximos meses, el desafío será convertir las nuevas normas en resultados concretos