La Asociación Memoria y Justicia denunció que cinco menores de edad permanecen en desaparición forzada bajo custodia del Estado nicaragüense, sin que sus familias conozcan dónde están ni en qué condiciones se encuentran

Claudia Pineda, directora de la organización, sostuvo que el caso forma parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos documentadas en los últimos meses. Según explicó, el Monitoreo Azul y Blanco ha registrado al menos 109 víctimas en ese periodo, entre ellas los cinco menores

Familias sin respuestas

Pineda afirmó que la organización cuenta con información entregada por los propios familiares, pero que no puede divulgar identidades ni detalles particulares por falta de autorización. También señaló que ni las familias conocen el lugar de detención ni las condiciones en las que permanecen los menores

La situación fue descrita como especialmente grave por defensoras y defensores de derechos humanos, que advierten que la desaparición forzada se ha convertido en una práctica de control social en Nicaragua

Más casos bajo la lupa internacional

En una audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos pidieron información inmediata sobre 22 personas reportadas como desaparecidas, entre ellas dos niñas menores de edad

Durante esa sesión, la comisionada Rosa María Payá exigió respuestas directas sobre el paradero de las menores. Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, reclamó que se informe de inmediato a las familias dónde están y cuál es su situación

Las dos niñas mencionadas serían hijas de Elvia Flores Castillo, quien también figura en el registro de personas desaparecidas documentado por la Asociación Memoria y Justicia

La represión también golpea a niños y campesinos

Organizaciones civiles nicaragüenses sostienen que la desaparición forzada no afecta solo a opositores adultos, sino también a niños, adolescentes y campesinos detenidos en zonas rurales sin información oficial sobre su paradero

Colectivos de derechos humanos y agrupaciones de familiares han reportado casos que se prolongan durante meses o años, sin debido proceso ni acceso a defensa legal. En ese contexto, reiteran que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y exigen transparencia sobre cada una de las víctimas