DTE Energy y Consumers Energy presentaron una demanda para impedir la aplicación de la Propuesta 2 de Michigan, aprobada por más del 80% de los votantes en las elecciones del martes
La medida busca prohibir las contribuciones políticas directas o indirectas de las empresas de servicios públicos y de compañías que tengan contratos con el gobierno estatal por más de 250.000 dólares. La restricción también alcanzaría a determinados funcionarios, propietarios, familiares directos y otras personas vinculadas con esas empresas
El argumento de las empresas
En una presentación ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Michigan, las compañías sostuvieron que la norma viola las garantías de libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos
También alegaron que la propuesta infringe la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda porque sus fundamentos serían demasiado imprecisos. Según la demanda, tampoco queda suficientemente claro quiénes están incluidos entre los trabajadores y personas relacionadas con las empresas
Las compañías pidieron una orden judicial que suspenda la entrada en vigor de la norma. Argumentaron que, sin una medida cautelar, deberían elegir entre renunciar a su participación política o exponerse a sanciones importantes
La demanda menciona como acusados al director de la Oficina Electoral de Michigan, Jonathan Brater; a la fiscal general, Dana Nessel; y a la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, quien fue elegida gobernadora
Una disputa que ya llegó a los tribunales
La campaña Michiganders for Money Out of Politics, promotora de la propuesta, afirmó que esperaba el litigio y que confía en que la norma superará el examen judicial. El grupo sostiene que la medida busca terminar con las prácticas de intercambio de favores políticos en Lansing
Este es el segundo desafío judicial contra la Propuesta 2. El Mackinac Center for Public Policy había anunciado otra impugnación después de que se conociera el resultado electoral
Alcance de las restricciones
En Michigan, las corporaciones ya tienen prohibido realizar aportes directos a candidatos. La nueva norma extendería la prohibición al presidente, el director ejecutivo, el tesorero, otros funcionarios similares, los integrantes de los directorios, las personas con una participación sustancial y sus familiares directos
La demanda menciona como una de las personas afectadas a la madre, de 86 años, del tesorero de DTE. Según la presentación, ella no tiene ninguna función en una empresa de servicios públicos
Los funcionarios y familiares alcanzados tampoco podrían donar a entidades vinculadas con funcionarios electos o candidatos cuando esas organizaciones paguen viajes, comidas, tarifas de conferencias u otros gastos
La propuesta exigiría además que ciertos grupos revelen a sus donantes cuando sus anuncios mencionen a candidatos o iniciativas sometidas a votación. No prohibiría, en cambio, las contribuciones a los supercomités de acción política que realizan gastos independientes
La norma incluye una cláusula de separabilidad: si una parte fuera declarada inválida o inaplicable, las disposiciones restantes continuarían vigentes