Las políticas migratorias de Estados Unidos entran en una nueva fase de endurecimiento. La revisión para obtener la residencia permanente cambiará a partir del 18 de septiembre, el TPS quedó reducido a un grupo acotado de nacionalidades y el Departamento de Seguridad Nacional sumó restricciones sobre otras vías de ingreso legal

Una nueva vara para la green card

La nueva regla de carga pública reemplazará el esquema vigente desde 2022 y ampliará el margen de decisión de los কর্মকর্ত officials del Uscis. La evaluación se apoyará en la llamada “totalidad de las circunstancias”, con un análisis conjunto de edad, salud, ingresos, bienes, deudas, situación familiar, educación y capacidad laboral

También se ampliará la lista de programas públicos que pueden ser considerados al evaluar un caso, entre ellos SNAP, Medicaid, algunas ayudas de vivienda y prestaciones económicas de mantenimiento de ingresos. Aun así, el uso de ciertos servicios no se tomará automáticamente como un dato negativo

No se computarán de forma directa los servicios comunitarios de salud, los programas de alimentación escolar ni los beneficios recibidos por otros integrantes del hogar. Tampoco se aplicará la nueva norma a asistencias recibidas antes de su entrada en vigor

Además, el Uscis deberá usar una nueva versión del formulario I-485 para el ajuste de estatus. Desde el 18 de septiembre, las ediciones anteriores, tanto en papel como por vías electrónicas, dejarán de aceptarse. El nuevo documento pedirá más datos sobre empleo, finanzas y cobertura médica

Exenciones y margen discrecional

La regla no alcanzará a refugiados ni asilados. También quedarán fuera víctimas de trata con visa T, víctimas de ciertos delitos con visa U y solicitantes de protección bajo VAWA

El cambio, sin embargo, abre la puerta a criterios más amplios de interpretación. Casos similares podrían recibir respuestas distintas según el oficial que revise el expediente

La modificación se suma a otros cambios que afectan a personas patrocinadas por familiares, trabajadores extranjeros y algunos estudiantes internacionales. También quedaron bajo revisión los salarios de los trabajadores H-1B y los procedimientos de certificación laboral Perm

TPS bajo recorte

El Estatus de Protección Temporal también sufrió una reducción. Según los datos disponibles al 12 de agosto, el programa sigue vigente para unas 273.200 personas de El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano. Pero esas designaciones vencen antes de fin de año y algunas protecciones empezarán a terminar en los próximos meses

En paralelo, el gobierno puso fin al TPS para ciudadanos de Etiopía, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Camerún, Haití, Myanmar, Nepal, Sudán del Sur, Siria y Yemen

En conjunto, esas terminaciones alcanzaron a más de un millón de personas que habían recibido protección contra la deportación, aunque algunos beneficiarios siguen amparados por fallos judiciales

En Venezuela, ciertos permisos de trabajo emitidos hasta el 5 de febrero de 2025 pueden seguir vigentes hasta el 2 de octubre. En Haití y Siria, las terminaciones entraron en vigor el 27 de julio. En Honduras y Nicaragua, el fin del programa había quedado fijado en septiembre de 2025 y fue confirmado por tribunales de apelación en febrero. En Etiopía, la medida se hizo efectiva el 18 de agosto

El DHS advirtió que quienes ya no cuenten con protección deben salir del país o podrían quedar expuestos a procesos de deportación

Más trabas para la inmigración legal

Las restricciones no se limitan al TPS y a la carga pública. También se informó una pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, según los criterios fijados por la administración federal

El programa de Visas de Diversidad también resultó afectado, con el rechazo del trámite de unas 55.000 visas

A eso se suman restricciones para refugiados y propuestas para cambiar las condiciones bajo las cuales estudiantes extranjeros usan el Entrenamiento Práctico Opcional. Además, una decisión reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración limita el uso del permiso de reingreso anticipado para salir del país y volver con una admisión que facilite ciertos trámites de ajuste de estatus