En el negocio inmobiliario hay un costo que no figura en ninguna ley, pero pesa casi como un impuesto: el tiempo administrativo. No tiene alícuota, no lo cobra ningún organismo recaudador y, sin embargo, reduce la rentabilidad de los proyectos privados y termina trasladándose al precio final de las viviendas

Cuando se analiza cuánto cuesta desarrollar un edificio, la discusión suele concentrarse en la tierra, la construcción y el valor de venta. Falta una variable decisiva: los meses en que el capital queda inmovilizado antes de convertirse en obra, empleo y retorno. En CABA y en la provincia de Buenos Aires, ese plazo se volvió una carga silenciosa que desalienta inversiones

Permisos, factibilidades y escrituras: los tres cuellos de botella

El primer freno aparece antes de que empiece la obra. Los permisos pueden tardar más de lo razonable y, en la provincia, el recorrido suele ser todavía más complejo por la intervención de municipios y organismos provinciales con circuitos distintos

Después llegan las factibilidades de servicios públicos. Agua, electricidad, gas y cloacas suelen manejar vigencias pensadas para obras ideales, no para los tiempos reales de ejecución. Así, una autorización puede vencer antes de que el proyecto termine y obligar a rehacer gestiones ya aprobadas

El último obstáculo aparece al final. Un edificio puede estar terminado, entregado e incluso habitado, pero seguir esperando final de obra, subdivisión, registración y escritura. Mientras eso no sucede, el comprador queda limitado para acceder a crédito hipotecario y el desarrollador demora la recuperación del capital

Menos burocracia, más control útil

Cada mes perdido tiene un costo concreto: capital inmovilizado, hipotecas postergadas, proveedores y trabajadores a la espera, y recaudación que entra más tarde. El tiempo administrativo no financia infraestructura ni mejora controles; solo posterga actividad

La construcción privada necesita reglas, estándares técnicos, fiscalización y sanciones. Pero eso no exige un Estado lento y fragmentado. El desafío es pasar de un esquema que autoriza todo por adelantado a otro que fije reglas claras, exija responsabilidad profesional, audite con inteligencia y sancione cuando corresponda

Entre las medidas posibles aparecen las declaraciones responsables firmadas por profesionales matriculados, plazos máximos por etapa y una ventanilla única digital que integre municipios, catastro, organismos técnicos y prestadoras en un expediente trazable. También hace falta ajustar la vigencia de las factibilidades a la escala real de cada obra, acelerar finales de obra, subdivisiones e inscripciones y habilitar crédito puente para compradores con posesión pero sin escritura

El tiempo también es productividad

La desregulación no depende solo de grandes reformas. También se juega en cada permiso y en cada expediente que define si una inversión arranca hoy o queda frenada durante meses. Aunque muchas competencias sean municipales o provinciales, la agenda nacional puede impulsar estándares, interoperabilidad digital y modelos de declaración responsable

No se trata de pedir privilegios para el sector inmobiliario. Una economía que quiere crecer no puede tratar al tiempo productivo como si no tuviera valor. Cada mes que se recorta es inversión que llega antes, empleo que se crea antes, hipotecas que se otorgan antes y recaudación que entra antes

La conclusión es simple: si se quiere liberar las fuerzas productivas, también hay que liberar el tiempo. Que deje de quedar atrapado en expedientes y vuelva a convertirse en inversión, obra y empleo