Las autoridades de Florida analizan un plan para sumar nuevos centros de detención que serían operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos al sur de la Interestatal 4. La propuesta busca ampliar la capacidad de alojamiento tras el cierre de Alligator Alcatraz

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado pidió información a posibles proveedores para calcular costos, definir alcances y evaluar cómo podrían funcionar estas instalaciones temporales o semipermanentes en distintos puntos de Florida

Una red de recintos provisionales

La solicitud contempla preferentemente cinco centros o más, todos ubicados en terrenos estatales al sur del corredor de la I-4. El documento describe estas instalaciones como estructuras de tipo carcelario, formadas por edificios y otras construcciones de apoyo

Según lo previsto, un contratista se encargaría de brindar servicios residenciales seguros bajo supervisión federal, con alojamiento disponible las 24 horas durante todo el año. La capacidad máxima sería de unos 50 adultos por recinto, tanto hombres como mujeres, con estadías de hasta 48 horas

Los centros podrían levantarse con carpas reforzadas, remolques y módulos similares a los usados en emergencias. Además, el plan apunta a que entren en funcionamiento en pocos días y cumplan con los estándares federales exigidos para estos espacios

Cuestionamientos por costos y condiciones

La iniciativa enfrenta objeciones legales, ambientales y presupuestarias. Organizaciones de defensa de migrantes y grupos ecologistas advierten sobre las condiciones de detención, el acceso a abogados y el impacto sobre ecosistemas sensibles

En junio, Alligator Alcatraz fue cerrado de manera permanente. El gobernador Ron DeSantis sostuvo entonces que la instalación había cumplido su misión temporal. Más tarde, una jueza federal pidió pruebas de que el cierre se había concretado tras una demanda presentada por detenidos y organizaciones de migrantes

Entre las quejas más reiteradas en ese centro figuraron la falta de atención médica y la presencia de mosquitos y otros insectos en carpas abarrotadas. Durante el tiempo que estuvo en funcionamiento, el ICE procesó allí a más de 22.000 personas para su deportación, con un costo estimado de 450 millones de dólares