El Gobierno evalúa incorporar la figura de “grupos hostiles” para enfrentar a organizaciones criminales que operan en el país, como parte de una respuesta más dura frente al avance de la inseguridad. La propuesta cobró fuerza después del ataque registrado en Trujillo, La Libertad, donde un empresario fue secuestrado y cuatro personas murieron en un atentado cometido por sujetos armados

Una categoría para bandas con poder de fuego

La idea en discusión apunta a identificar a determinadas organizaciones delictivas que, por su nivel de organización y capacidad de ataque, representen una amenaza grave para el Estado. Según lo planteado por integrantes del Ejecutivo, una clasificación de este tipo permitiría que las Fuerzas Armadas intervengan bajo un marco jurídico específico y que se refuercen las labores de inteligencia para ubicar a sus integrantes

La medida no se limitaría a un cambio de nombre. Su aplicación exigiría definir qué grupos cumplen con los criterios previstos por la legislación y cómo se formalizaría ese reconocimiento. En ese escenario, se mencionan organizaciones vinculadas con extorsión, secuestro y otras economías ilegales como posibles objetivos

El alcance legal de la propuesta

La discusión se relaciona con el Decreto Legislativo N.° 1095 y su reglamentación, que contempla la actuación de las Fuerzas Armadas frente a ciertos escenarios de violencia interna y grupos hostiles, bajo las reglas del derecho internacional humanitario

Si la propuesta avanza, podría ampliar el papel de las Fuerzas Armadas frente a determinados grupos, aunque su intervención seguiría sujeta a las normas sobre el uso de la fuerza y al marco jurídico vigente. Eso significa que una eventual declaración de “grupo hostil” no habilitaría ataques indiscriminados ni operaciones fuera de control legal

Más inteligencia y más facultades

Otra de las líneas que impulsa el Ejecutivo es el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La intención es dotarla de más capacidades operativas para anticipar movimientos criminales, identificar estructuras y detectar integrantes antes de que se concreten nuevos delitos

En esa misma línea, el Gobierno insiste en pedir facultades legislativas al Congreso para impulsar cambios vinculados con seguridad ciudadana

Críticas a la respuesta policial

La reacción institucional también dejó cuestionamientos hacia la Policía Nacional tras el ataque en Trujillo. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, acudió a la ciudad para coordinar acciones con las autoridades policiales de La Libertad, pero su permanencia en el cargo comenzó a ser cuestionada por distintos sectores

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, también fue criticado por sus declaraciones mientras seguían las investigaciones. Sus frases ante la prensa generaron malestar porque todavía se buscaba a la persona secuestrada y se investigaba el asesinato de cuatro personas

El Congreso entra al debate

La crisis de seguridad llegó al Congreso, donde parlamentarios presentaron una moción para convocar al presidente del Consejo de Ministros y a miembros del Gabinete. El objetivo es que informen sobre las medidas adoptadas frente al secuestro y los asesinatos

El caso también reactivó la discusión sobre la continuidad del comandante general de la Policía y sobre las normas que regulan el periodo de gestión de ese cargo. Mientras algunos sectores piden responsabilidades políticas, otros sostienen que el Parlamento debería concentrarse en ajustar las reglas necesarias para enfrentar al crimen organizado

Golpear las finanzas criminales

Más allá de las detenciones, el debate oficial incluye otro punto clave: atacar las estructuras económicas que sostienen a las bandas. Las redes de extorsión, secuestro y otras actividades ilegales necesitan recursos para comprar armas, vehículos y logística, además de sostener sus operaciones

Por eso, una estrategia integral también tendría que apuntar a identificar y bloquear sus fuentes de financiamiento. La figura de “grupos hostiles” sigue en evaluación y, si se aplica, deberá precisarse qué organizaciones podrían entrar en esa categoría, bajo qué criterios y con qué límites actuarían las Fuerzas Armadas