La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, rechazó la decisión federal de avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de distintas nacionalidades y advirtió que el cambio tendrá impacto directo sobre trabajadores que hoy cuentan con protección legal en Estados Unidos
Riesgo para servicios básicos
En una carta enviada al secretario del organismo, Markwayne Mullin, Hochul afirmó que la medida puede dejar sin empleo a trabajadores considerados esenciales. Señaló en particular al sector sanitario, donde hay empleados que asisten a adultos mayores y a otras personas que necesitan cuidados permanentes
La mandataria también sostuvo que la salida de estos beneficiarios no solo afectará a quienes pierdan el estatus migratorio, sino también a los empleadores y a las comunidades donde trabajan
Hochul remarcó que Nueva York ha recibido históricamente a personas que huyen de desastres o persecución y que su administración brindó apoyo a miles de residentes con trámites del TPS y representación legal
Países alcanzados por la medida
El gobierno de Estados Unidos dio por terminado el TPS para ciudadanos de Afganistán, Camerún, Somalia, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Las decisiones fueron adoptadas durante el segundo mandato de Donald Trump y alcanzaron a más de un millón de beneficiarios
Además, se promovió la autodeportación como alternativa, con asistencia para el viaje, condonación de algunas multas y un incentivo económico de US$2600 mediante la aplicación CBP Home
Hasta mediados de agosto, solo El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano seguían bajo TPS. Ese grupo incluía 170.100 salvadoreños, 101.200 ucranianos, 1800 sudaneses y 140 libaneses, con vencimientos previstos antes de fin de año
Pedido de revisión federal
Hochul pidió al gobierno federal que revierta las cancelaciones y mantenga la protección para quienes no pueden regresar con seguridad a sus países de origen por la violencia, la inestabilidad extrema o las crisis humanitarias
La gobernadora insistió en que estas personas aportaron a la economía y a la vida comunitaria del estado, y afirmó que todavía existe margen para cambiar el rumbo de las decisiones adoptadas