Human Rights Watch pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad y justicia para enfrentar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia

La organización presentó un informe de 124 páginas en el que advierte sobre el aumento de estos casos, los factores que exponen a los menores y las fallas de la respuesta estatal. Según su análisis de datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 1.500 menores han sido reclutados desde 2021. Aunque aclaró que no tiene un registro exhaustivo, señaló que las cifras oficiales muestran un fuerte incremento desde 2023

Concentración en Cauca y golpe a comunidades indígenas

El informe sostiene que la mayoría de los casos atribuidos a grupos armados disidentes de las desmovilizadas FARC se concentran en Cauca. También señala que los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados, pese a que los pueblos indígenas son alrededor del 4% de la población del país

Además, más del 30% de los menores identificados tenían entre 10 y 14 años, una edad en la que el reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra bajo el derecho internacional

Una política oficial que, según HRW, quedó corta

Human Rights Watch sostuvo que las instituciones encargadas de prevenir y responder al reclutamiento, especialmente a nivel municipal, deben contar con más recursos y personal. También cuestionó la vigencia y eficacia de la política pública vigente desde 2018, a la que considera desactualizada, sin plan de acción claro y sin presupuesto específico

La organización también criticó a la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, al señalar que no tiene capacidad de ejecución ni recursos suficientes para aplicar la política en el ámbito local. A eso se suman, según el informe, las limitaciones presupuestales y de capacidad de autoridades departamentales y municipales

Apoyo a guardias indígenas y líderes comunitarios

Otro de los pedidos es fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones indígenas y líderes comunitarios. Human Rights Watch destacó que, ante la falta de mecanismos estatales eficaces, guardias indígenas y otros actores locales han asumido un papel clave en la protección y el rescate de menores

La organización advirtió, sin embargo, que esa labor los expone a graves riesgos y que algunos han sido asesinados en represalia

Reintegración desigual y justicia con pocos resultados

El informe también cuestiona la respuesta para los niños y niñas desvinculados de los grupos armados. Señala que la recuperación y reintegración no se han ajustado a la realidad actual de la violencia y que el tratamiento cambia según el tipo de grupo que haya cometido el reclutamiento

Los menores reclutados por grupos considerados partes del conflicto armado ingresan a un programa especializado y pueden acceder a reparaciones. En cambio, quienes fueron utilizados por grupos delictivos organizados que no son parte del conflicto pueden enfrentar procesos penales o ir a un programa general para víctimas de abuso

En materia judicial, Human Rights Watch indicó que en la última década cerca del 1% de las denuncias por reclutamiento derivó en una investigación penal y solo el 0,2% terminó en condena. Además, afirmó que la mayoría de las sentencias recae en autores materiales y no en los máximos responsables