La administración de Donald Trump amplió su ofensiva migratoria en aeropuertos y empezó a detener a ciudadanos extranjeros con visas vencidas mientras se desplazaban por terminales aéreas, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses
Según abogados de inmigración y documentos revisados por las autoridades, el operativo ya alcanzó al menos 15 aeropuertos y abrió un universo mucho más amplio de personas expuestas a detención y posible deportación
Un cambio en la mira migratoria
Hasta ahora, quienes permanecían en Estados Unidos después del vencimiento de su visa no solían ser prioridad salvo que tuvieran antecedentes penales. Bajo la actual administración, esa permanencia pasó a ser tratada como una situación ilegal en sí misma
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que trabaja para impedir que quienes están en el país de manera irregular vuelen, salvo para salir por su cuenta. Sin embargo, no precisó cuántas personas fueron detenidas bajo esta nueva etapa del programa
Operativos visibles y casos viralizados
Las detenciones ocurrieron en mostradores de check-in y puertas de embarque, en algunos casos de forma discreta y en otros frente a pasajeros que registraron los procedimientos en video
Entre los casos más difundidos aparece el de Chantal Morales Rojas, una ecuatoriana de 27 años detenida en un vuelo entre Denver y Oakland. También hubo episodios que involucraron a una mujer ugandesa en silla de ruedas con una solicitud de asilo activa y a un ciudadano australiano que había excedido el plazo de su visa
Más presión sobre el sistema migratorio
La ofensiva coincide con la presión de la Casa Blanca para elevar las detenciones migratorias en todo el país. La meta oficial es llegar a 2.000 arrestos diarios, cerca del doble del ritmo de comienzos de año
Abogados de inmigración advierten que la colaboración entre la TSA y ICE, iniciada en 2025, amplió la capacidad de detección en aeropuertos y modificó por completo las recomendaciones para quienes viajan mientras tramitan cambios en su estatus migratorio
En varios casos recientes, jueces ordenaron liberaciones bajo fianza, aunque algunas decisiones quedaron sujetas a eventuales apelaciones del gobierno