El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) recurre a herramientas legales y a fuentes privadas de información para avanzar en investigaciones migratorias

Entre esos recursos figura el subpoena, un requerimiento administrativo que permite pedir documentos o registros a empresas sin necesidad de una orden judicial previa

Un pedido legal con límites

La facultad para usar este mecanismo surge de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El pedido debe estar vinculado con datos relevantes para la aplicación de las normas migratorias

El subpoena no equivale a una orden judicial: no habilita al ICE a ingresar de forma directa a los sistemas de una compañía. Además, la empresa requerida puede impugnar el alcance de la solicitud. Si se niega a entregar la información, el gobierno puede acudir a un tribunal federal para pedir su cumplimiento

La información que una persona entrega a una empresa privada también puede terminar en una investigación migratoria si la agencia obtiene acceso legal a esos registros

Datos financieros y rastreo de domicilios

Otra vía es el mercado comercial de datos personales. Cuando alguien solicita una tarjeta de crédito o actualiza su domicilio de facturación, puede aportar nombre, número de Seguro Social, teléfono, correo electrónico y dirección

Parte de esos datos llega a los burós de crédito. Los llamados credit headers, que incluyen información básica de identificación, pueden comercializarse de manera separada del historial crediticio y alimentar plataformas que reúnen información de múltiples fuentes

Entre esas plataformas aparece Clear, de Thomson Reuters, con registros que permiten realizar búsquedas sobre personas. De acuerdo con documentos comerciales revisados en la investigación, el ICE mantiene contratos para usar ese tipo de servicios y sus agentes pueden consultarlos para intentar ubicar domicilios u otros datos de localización

Matrículas, recorridos y vigilancia

El ICE también puede apoyarse en sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas. Estas cámaras fotografían vehículos, identifican la chapa y registran características como marca, modelo y color. También pueden detectar calcomanías y daños visibles

Con esa información es posible reconstruir trayectos y establecer dónde fue visto un vehículo

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que no mantiene un contrato directo con Flock Safety. La empresa, por su parte, señaló que sus datos no se comparten de forma automática con agencias federales y que el acceso depende de las condiciones fijadas por las organizaciones locales que instalan las cámaras

Ante consultas sobre el uso de bases privadas, el DHS sostuvo que utiliza distintas tecnologías para investigar actividades y respaldar tareas de aplicación de la ley, al tiempo que dijo respetar las libertades civiles y los derechos vinculados con la privacidad. También indicó que sus contratos están sujetos a las normas federales de adquisiciones

Según el organismo, el intercambio de información entre agencias es clave para identificar a las personas que se encuentran en el país y detectar posibles amenazas para la seguridad pública y el terrorismo