La Fiscalía investiga una presunta agresión sexual que habría involucrado a ocho estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, durante el traslado posterior a una actividad deportiva
La Policía detuvo a ocho adolescentes relacionados con el caso, según confirmó Cornelio Gonzáles, director regional de Educación de Lima Metropolitana. El funcionario no precisó la situación individual de cada intervenido y señaló que esa información corresponde a las autoridades responsables de la investigación
La Dirección Regional de Educación activó el protocolo cuatro, destinado a atender situaciones vinculadas con la convivencia escolar. Asimismo, la Séptima Fiscalía de Familia de Lima acudió a la comisaría de San Borja para iniciar las actuaciones correspondientes
Debido a que se trata de menores de edad, las diligencias se desarrollan bajo reserva. Esta medida busca proteger tanto a la presunta víctima como los derechos de los estudiantes intervenidos
El examen médico-legal será determinante
Una de las primeras diligencias deberá establecer la naturaleza de los hechos denunciados. El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que el examen médico-legal podría ayudar a determinar si existió penetración o si se trató de tocamientos con relevancia penal
La investigación también deberá recoger las declaraciones de los menores y reconstruir las circunstancias del episodio. Con esa información se analizará la participación individual y si corresponde atribuir autoría, coautoría, complicidad, instigación u omisión
El especialista estimó que las diligencias podrían prolongarse entre 120 y 140 días, siempre que los exámenes técnicos y los testimonios permitan corroborar la gravedad de los hechos investigados
El colegio anunció medidas internas
La dirección del colegio comunicó a los padres que el episodio fue considerado inicialmente como un grave caso de presunta agresión física ocurrido durante el traslado de la actividad deportiva
El plantel informó que coordina con las autoridades y que facilitará el esclarecimiento de lo ocurrido. También indicó que aplicará medidas disciplinarias si se establecen responsabilidades, de acuerdo con la normativa vigente y su reglamento institucional
Gonzáles afirmó que el Ministerio de Educación interviene sin diferenciar entre colegios públicos y privados, aunque pidió esperar los resultados de las diligencias antes de adelantar conclusiones
El caso será evaluado por un juzgado de familia
Al tratarse de adolescentes, el proceso no seguiría las reglas del fuero penal ordinario, sino las disposiciones del Código de los Niños y Adolescentes y la competencia de un juzgado de familia
La Fiscalía puede solicitar medidas de protección para la presunta víctima y restricciones destinadas a preservar la confidencialidad. Si reúne suficientes elementos de convicción, también podría requerir la detención preventiva de los posibles autores
El colegio deberá aportar información sobre la organización de la actividad, su funcionamiento administrativo, los posibles testigos y las condiciones en las que ocurrió el traslado. Cada estudiante involucrado conserva, además, el derecho a ejercer su defensa
Una eventual sanción dependerá de la edad de los adolescentes, la gravedad de la conducta y el grado de intervención atribuido a cada uno. Si se confirma una infracción grave, podrían imponerse restricciones de libertad en centros especializados por un periodo de entre cuatro y seis años, según las características del caso