La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió al Congreso de Estados Unidos que restablezca el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. El reclamo se produjo mientras una pausa administrativa mantiene suspendida la reactivación del beneficio
El pedido de Levine Cava
En un comunicado, la alcaldesa sostuvo que los resultados de las elecciones legislativas de medio término de 2026 abrieron una oportunidad para que el Congreso debata el futuro del TPS y alcance un acuerdo
Levine Cava afirmó que la suspensión afecta a más de un millón de migrantes, incluidos venezolanos, haitianos, nicaragüenses y hondureños. Ante esa situación, solicitó tres medidas
- Reactivar el TPS para países que atraviesan condiciones políticas inestables, como Venezuela y Haití.
- Proteger el estatus vigente de los beneficiarios y sus autorizaciones de empleo.
- Restablecer una revisión judicial efectiva sobre la finalización del programa y reforzar la supervisión legislativa.
La alcaldesa presentó el reclamo como una solicitud comunitaria y no partidaria. También sostuvo que las familias alcanzadas por la medida forman parte de los barrios, los lugares de trabajo y los vínculos sociales de la ciudad
Antecedentes en Miami
En enero de 2026, Eileen Higgins, alcaldesa de la ciudad de Miami, también había pedido restablecer el TPS para venezolanos. En ese momento, argumentó que la inestabilidad de Venezuela hacía inseguro el regreso y que los beneficiarios debían poder permanecer en Estados Unidos mientras su país recuperaba la estabilidad
Higgins también destacó la presencia de más de 22.515 venezolanos en la ciudad y vinculó la continuidad del programa con la dignidad humana y la seguridad
La situación judicial
El litigio sobre la reactivación del TPS continúa abierto. El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el pedido de la administración Trump para mantener congelada una medida del Distrito Norte de California que había dejado sin efecto la terminación del beneficio
Cuatro días después, la Corte retiró esa orden y otorgó al Poder Ejecutivo una suspensión administrativa de 14 días, contados desde el 6 de noviembre. Ese plazo finaliza el viernes 20 de noviembre