Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda contra el gobierno de Trump por el presunto ataque de una embarcación pesquera en el Pacífico oriental, frente a la costa de Ecuador

Según la denuncia, drones estadounidenses impactaron el 17 de marzo contra el barco La Negra Francesca Duarte II, después de que sus tripulantes fueran identificados por error como traficantes de drogas. La embarcación quedó envuelta en llamas y dos hombres sufrieron quemaduras graves

La denuncia por la retención

Los pescadores sostienen que fueron retenidos contra su voluntad durante unas 24 horas y sometidos a tratos crueles. Afirman que, tras abandonar el barco y utilizar botes de emergencia, llegaron hasta una nave con bandera estadounidense

La demanda alega que los hombres fueron atados, encapuchados y recibieron poca agua y ningún alimento. Uno de ellos declaró que, mediante un traductor, le dijeron que los uniformados habían lanzado el ataque

Antes del incidente, el gobierno ecuatoriano había inspeccionado durante tres horas la nave y a su tripulación, y los había autorizado al no detectar actividades ilícitas, según el expediente judicial

Un reclamo bajo la ley marítima

El caso fue presentado ante un tribunal federal de Pittsburgh bajo una ley marítima estadounidense que permite reclamar por lesiones graves ocurridas en alta mar, además de ataques ilegales, secuestro y tortura

El abogado de los pescadores, Daniel Kovalik, explicó que eligió Pittsburgh por la experiencia de esa jurisdicción en asuntos marítimos

Después del ataque, los hombres permanecieron siete días en un barco salvadoreño que los trasladó a El Salvador. La mayoría fue alojada en un centro de atención integral para migrantes y dos pescadores heridos fueron llevados a un hospital. Todos regresaron finalmente a Ecuador antes de terminar marzo

El contexto de los ataques

La demanda es la segunda presentada contra el gobierno de Trump por ataques militares estadounidenses contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico en América Latina

Desde septiembre de 2025, al menos 240 personas han muerto en operaciones dirigidas contra quienes la administración denomina “narcoterroristas”. Las autoridades estadounidenses han difundido poca evidencia pública para demostrar que las embarcaciones transportaban drogas

El gobierno ha defendido las operaciones al considerar a los carteles como “combatientes ilegales” y al afirmar que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado” con ellos. Legisladores demócratas y algunos especialistas en derecho sostienen que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales en alta mar