La Sala II de la Cámara Federal redujo de $5000 millones a $33 millones el embargo dispuesto sobre los bienes de los acusados de explotar un prostíbulo que funcionaba frente al cementerio de Recoleta bajo la apariencia de un bar y boliche

La causa llegó a esa instancia luego de que el juez federal Sebastián Casanello procesara a nueve hombres por trata de personas. La investigación apunta a la explotación sexual de 50 mujeres, algunas menores de edad, en el local D'Lirio, cuya actividad fue denunciada en 2022 a través de la línea 145

Una estructura de ingresos millonaria

De acuerdo con el expediente, el establecimiento movió por sus cuentas bancarias más de $1500 millones, aunque esa cifra no reflejaba la totalidad del negocio. Parte de la recaudación habría quedado fuera del radar bancario porque muchos clientes pagaban en efectivo, entre ellos turistas extranjeros

Al dictar el embargo inicial, Casanello sostuvo que la operatoria económica del lugar dependía de la vulnerabilidad de las mujeres y que la recaudación diaria por entradas y mesas rondaba los $4,3 millones. También mencionó ingresos en cuentas bancarias y dinero secuestrado en el allanamiento

Qué dijo la Cámara

Los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah consideraron que no estaba acreditada, por el momento, la hipótesis de explotación económica sostenida por la acusación y por el juez de grado. También entendieron que la medida no había individualizado de manera suficiente el aporte de cada imputado ni su eventual participación en las ganancias

Por esa razón, fijaron embargos de $5 millones para los cinco procesados considerados autores y de $2 millones para los acusados como partícipes, en lugar de la suma solidaria que había impuesto el juzgado