La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos vinculada a la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares debe dejar el fuero penal económico de la ciudad de Buenos Aires y regresar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay

La decisión de Casación

La mayoría integrada por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con disidencia de Alejandro Slokar, sostuvo que la investigación corresponde a la Justicia Federal y no al fuero Penal Económico. También dispuso que el expediente sea remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que lo reenvíe, sin demoras, al juzgado que intervino al inicio

Los jueces entendieron que, por la naturaleza de los hechos investigados, el caso encuadra en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, una figura que no integra la competencia del fuero penal económico

Qué pasó con la competencia

La defensa de Luciano Pantano y de su madre, Ana Conte, había pedido que el expediente volviera a Campana por razones territoriales, ya que la propiedad está en esa jurisdicción. La fiscalía, en cambio, se opuso al plantear que parte de los hechos investigados habrían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires

Casación concluyó que la competencia debe quedar en la Justicia Federal, en resguardo del juez natural y de una buena administración de justicia. Además aclaró que el fallo no retrotrae la pesquisa ni invalida lo actuado hasta ahora

El origen del expediente

La investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte, dueños de la sociedad Real Central, compradora de la casaquinta ubicada en Villa Rosa, Pilar. La acusación apuntó al origen de los fondos utilizados para la operación, ante la posible falta de correspondencia entre el valor de los bienes y los perfiles fiscales e ingresos declarados

En una primera instancia, el caso pasó por distintas decisiones de competencia. El juez federal Daniel Rafecas lo envió al fuero penal económico, pero ese fuero rechazó intervenir. Más tarde, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió que la causa quedara radicada en el Juzgado Penal Económico 10, entonces subrogado por Marcelo Aguisky. Esa decisión fue apelada y terminó ante Casación

Ahora, con este pronunciamiento, el expediente deberá volver al juzgado federal de Campana para que la investigación continúe allí