La Corte Suprema de Estados Unidos estableció que las autoridades realizan un registro sujeto a la Cuarta Enmienda cuando obtienen de una empresa tecnológica datos precisos sobre la ubicación de un teléfono celular
La decisión fue dictada el 29 de junio de 2026 en el caso Chatrie v. United States. Su alcance volvió a cobrar relevancia por las dudas que plantea para las comunidades migrantes y el uso de información recolectada mediante aplicaciones móviles
Cómo se obtuvieron los datos del caso
La investigación comenzó por un robo ocurrido en 2019 en Virginia. La policía solicitó a Google información sobre los teléfonos que habían estado dentro de un radio de 150 metros alrededor de una entidad financiera, durante un período determinado
La búsqueda, conocida como geocercado o geofence, parte de un lugar y un horario específicos. Primero identifica los dispositivos presentes en esa zona y luego intenta vincularlos con sus usuarios
El procedimiento comenzó con cuentas anónimas y terminó con la entrega de información identificatoria sobre tres personas, entre ellas Okello Chatrie
La Corte sostuvo que existe una expectativa razonable de privacidad sobre los datos de ubicación de un celular. Según la mayoría, esa información puede revelar relaciones familiares, políticas, profesionales o religiosas, incluso cuando corresponde a un período breve y está almacenada por una empresa
La protección reconocida y lo que aún falta definir
El tribunal determinó que obtener de Google el historial de ubicación de Chatrie fue un registro amparado por la Cuarta Enmienda
Sin embargo, no resolvió si la orden utilizada en el caso fue razonable, suficientemente específica y respaldada por causa probable. El expediente regresó a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito para analizar esos puntos
La sentencia tampoco estableció si una agencia puede adquirir información semejante directamente de un intermediario comercial de datos sin obtener antes una orden judicial
El impacto para las personas migrantes
El fallo refuerza la protección de los datos geolocalizados cuando el gobierno los solicita de manera directa a una empresa tecnológica. Pero la incertidumbre permanece frente a otras fuentes de información
Una clínica jurídica, un tribunal, un refugio, un lugar de trabajo o un sitio de culto podrían convertirse en puntos sensibles si distintas bases de datos permiten reconstruir los movimientos de quienes los visitan
Registros obtenidos por organizaciones civiles indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compraron acceso a grandes volúmenes de datos de ubicación recopilados por aplicaciones móviles
El caso Chatrie no determinó si esas adquisiciones también requieren una orden judicial
Un cambio en el almacenamiento de Google
La sentencia señaló además que Google modificó en julio de 2025 el sistema de almacenamiento del Historial de ubicaciones. Desde entonces, la información se conserva en los dispositivos de los usuarios, por lo que la empresa ya no puede responder de la misma manera a las órdenes de geocercado tradicionales
La doctrina establecida por la Corte podría influir en futuros litigios sobre otras formas de vigilancia digital. Por ahora, el Cuarto Circuito debe determinar si la orden del caso cumplió con los requisitos constitucionales