La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó con dureza las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos de sus altos funcionarios, entre ellos su presidenta, y calificó la medida como un ataque abierto a su independencia

El Departamento de Estado anunció sanciones contra la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, y contra el fiscal senior Abdoulaye Seye, de Senegal. Las restricciones congelan cualquier activo que tengan en jurisdicción estadounidense o que entre en contacto con el sistema financiero de ese país

Una ofensiva que alcanza a gran parte del tribunal

La CPI señaló que, con estas decisiones, la administración de Donald Trump ya sancionó a nueve de sus 18 jueces, además de a sus dos fiscales adjuntos, al exfiscal jefe y a otro integrante de la oficina de acusación

Washington sostiene que el tribunal se excede en su mandato cuando investiga y busca procesar a altos mandos militares y políticos de países que no forman parte de la corte, como Israel y Estados Unidos

En respuesta, la CPI advirtió que cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, se pone en riesgo el orden jurídico internacional. También afirmó que seguirá cumpliendo su misión con independencia e imparcialidad

Washington endurece la presión

El secretario de Estado, Marco Rubio, definió a la CPI como una corte supranacional corrupta y profundamente politizada, y acusó a sus autoridades de abusar de su poder y exceder su competencia

La ofensiva llegó semanas después de que Rubio anunciara una campaña amplia para desmantelar lo que considera una amenaza a la soberanía estadounidense. También dijo que presionará a los 125 Estados miembros de la corte para que se retiren, sancionará a organizaciones que cooperen con el tribunal y prohibirá el ingreso a Estados Unidos de su personal

Desde entonces, Venezuela y Chad anunciaron su intención de abandonar la CPI, lo que elevó a cinco el número de países que han decidido salir del tribunal en el último año. La retirada formal solo se concreta un año después de la decisión

Impacto personal y respaldo internacional

Las sanciones también afectan la vida cotidiana de los funcionarios. Les impiden entrar a Estados Unidos y les bloquean el acceso a servicios financieros básicos, al punto de dificultar tareas tan simples como hacer compras

La jueza canadiense Kimberly Prost, sancionada el año pasado, perdió el acceso a sus tarjetas de crédito y dejó de funcionar un asistente de voz en su casa, según relató luego de ser alcanzada por esas medidas

Japón también expresó preocupación por las sanciones contra Akane. Su cancillería dijo que las medidas son muy lamentables y reafirmó el apoyo de Tokio a la CPI y al Estado de derecho internacional

Organizaciones de derechos humanos criticaron la ofensiva de Washington y la describieron como un intento de blindar a funcionarios estadounidenses e israelíes frente a eventuales procesos judiciales. La semana pasada, Human Rights Watch y otros tres grupos demandaron al gobierno estadounidense para frenar esa campaña contra la corte