La administración de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita retomar la construcción de infraestructura fronteriza en la región de Big Bend, Texas. Las obras están suspendidas por una orden judicial
El pedido ante la Corte Suprema
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia el 21 de octubre, en el expediente Markwayne Mullin contra Friends of the Ruidosa Church. El magistrado Samuel Alito pidió una respuesta de los demandantes antes del 29 de octubre. Por ahora, no hay una decisión sobre el planteo
El gobierno solicitó dejar sin efecto la medida cautelar mientras continúa la revisión del caso. También pidió que la Corte acepte el expediente y revoque de manera sumaria la resolución dictada por un tribunal de Texas
La suspensión alcanza un tramo fronterizo de aproximadamente 500 millas, equivalentes a 805 kilómetros. El proyecto incluye barreras físicas, caminos y sistemas de vigilancia en el Parque Nacional Big Bend, además de terrenos privados y estatales
La defensa de la CBP
Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sostuvo que la agencia debe identificar a las personas y los bienes que ingresan al país incluso en zonas con históricamente pocos cruces irregulares
Scott advirtió que concentrar las obras en otros sectores podría desplazar el tránsito clandestino hacia Big Bend. También afirmó que el parque no tendrá grandes muros de acero y que la agencia analiza con los residentes qué tipo de infraestructura sería compatible con el entorno
El plan contempla tecnología de vigilancia. La administración informó que construye unas 12 millas, o 19 kilómetros, por semana. Scott estimó que el muro principal estaría terminado en diciembre de 2027 y que el proyecto completo concluiría antes del final del segundo mandato de Trump
Los argumentos de la jueza y de los opositores
La jueza Kathleen Cardone ordenó el 2 de octubre detener la construcción de barreras, obras relacionadas y movimientos de tierra en Big Bend que no cumplan con las leyes vigentes. Además, suspendió tres exenciones legales utilizadas para facilitar los trabajos
El fallo preliminar consideró que los demandantes podían tener fundamentos para prosperar en al menos uno de sus reclamos y que enfrentaban posibles daños graves e irreparables. Entre ellos se encuentran Friends of the Ruidosa Church, el Centro para la Diversidad Biológica y un guía fluvial de la zona
La disputa se centra en una ley de 1996 que permite al secretario de Seguridad Nacional eximir ciertos requisitos legales para acelerar la construcción de barreras fronterizas. Los demandantes sostienen que esa facultad fue extendida a una región con menor actividad migratoria que otros sectores y que las exenciones afectan la protección ambiental
El gobierno argumentó que la jueza interpretó de manera incorrecta la autorización otorgada por el Congreso. En cambio, una determinación oficial indicó que la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 89.000 personas que intentaron cruzar irregularmente por Big Bend durante los años fiscales 2021 a 2025
El costo de mantener las obras detenidas
El Departamento de Justicia afirmó que la suspensión afecta cinco contratos y obliga a mantener equipos, alquileres y servicios de seguridad. La CBP calculó que esos gastos superan los US$460.000 diarios aunque las obras permanezcan paralizadas
Propietarios, ganaderos, empresarios turísticos y ambientalistas también cuestionaron el gasto público y alertaron sobre posibles daños al paisaje, la fauna y el acceso a terrenos privados. Algunos propusieron utilizar drones y torres de vigilancia como alternativas menos costosas
La discusión comenzó antes de la orden judicial. En agosto, Scott había dispuesto detener las obras en el parque después de que aparecieran excavadoras en el área. La CBP mantiene conversaciones con actores locales, pero evita precisar sus planes mientras continúan los litigios