La expulsión de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en su departamento del centro de Madrid, desató una nueva ola de indignación por el costo de la vivienda en España

Desde el 23 de septiembre, cerca de mil manifestantes permanecen acampados en la Puerta del Sol. Aseguran que no se retirarán hasta que el gobierno adopte medidas concretas para proteger a los inquilinos

Una crisis que golpea a jóvenes y hogares vulnerables

El problema habitacional se ha agravado durante los últimos años y representa una carga creciente para los hogares. Las personas con menores ingresos y los jóvenes son algunos de los grupos más afectados, debido a las dificultades para comprar una vivienda y a la escasa oferta de alquileres

Menos del 2% de las viviendas disponibles en España pertenece al Estado, frente a un promedio del 8% en la Unión Europea. Al mismo tiempo, el alquiler promedio casi se duplicó en la última década: pasó de 8,20 euros por metro cuadrado en 2016 a 15,10 euros este año

El gobierno español calcula que el 26% de las personas que alquilan destina, en promedio, el 40% de sus ingresos al alquiler y los servicios. En la Unión Europea, esa proporción alcanza al 18% de los inquilinos

El caso de Maricarmen encendió las protestas

Abascal, que utiliza silla de ruedas, fue retirada de su vivienda en una camilla mientras la policía mantenía acordonada la calle. Las imágenes de la expulsión provocaron manifestaciones en Madrid y en otras ciudades del país

“No logré defender mi casa, pero luché para que otros aprendan a defender lo que es suyo”, dijo en un video grabado desde una cama de hospital

La empresa inmobiliaria que había impulsado la expulsión para alquilar el departamento a un precio más alto finalmente llegó a un acuerdo para que Abascal regresara, según informó su abogada. La mujer aún no había recibido el alta médica

Conocida popularmente como “Maricarmen”, Abascal se convirtió en un símbolo de la lucha contra el aumento de los alquileres. En las protestas se multiplicaron los carteles con la consigna “¡Ni una Maricarmen más!”

Las medidas que impulsa el gobierno

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dividió su respuesta en dos decretos. El primero fue emitido el 30 de septiembre y deberá ser ratificado por el Parlamento en un plazo de 30 días

  • Impedir hasta 2028 que los llamados fondos buitre compren propiedades por menos del 70% de su valor estimado, con el objetivo de limitar las adquisiciones masivas y la reventa a precios más altos.
  • Extender hasta 2030 la protección para inquilinos vulnerables que no puedan afrontar el alquiler y no tengan otra vivienda disponible.
  • Endurecer los requisitos para los contratos temporales de entre uno y doce meses, que deberán justificar la necesidad de residir menos de un año en el lugar.
  • Crear incentivos fiscales para promover el alquiler y la construcción de viviendas.

El segundo decreto establecería la renovación automática de los contratos residenciales estándar de cinco años. Si el propietario decidiera terminar el acuerdo de manera unilateral, debería compensar al inquilino con el equivalente a un año de alquiler

La norma contemplaría una excepción cuando el dueño pueda demostrar que necesita ocupar la vivienda para sí mismo o para un familiar cercano. Los detalles completos serían publicados en el boletín oficial el jueves

Un Parlamento sin mayorías aseguradas

La renovación automática de los contratos es una de las principales demandas de las organizaciones de inquilinos que sostienen el campamento de protesta

Ambos decretos necesitan el respaldo de la mayoría de los 350 diputados. El Partido Popular, principal fuerza conservadora, anticipó que votará en contra, mientras que el gobierno tampoco tiene garantizado el apoyo de los partidos minoritarios

Incluso si las medidas son aprobadas, todavía no está claro si alcanzarán para frenar el descontento y desarmar la protesta, instalada a menos de un kilómetro del Parlamento