La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) determinó que el presidente Donald Trump no puede retener, después del cierre del año fiscal previsto para este miércoles, más de US$800 millones autorizados por el Congreso
El análisis fue enviado el martes a legisladores federales y al vicepresidente JD Vance, luego de que Trump anunciara su intención de bloquear fondos correspondientes a 11 cuentas presupuestarias
El límite legal para retener los fondos
La administración buscaba utilizar una facultad poco frecuente y controvertida para retirar recursos destinados a servicios para inmigrantes e iniciativas relacionadas con la diversidad
Sin embargo, la GAO señaló que la legislación federal exige que esos fondos estén disponibles en un momento determinado, salvo que el Congreso apruebe una ley vinculada con la solicitud presidencial
La Ley de Control de la Retención de Fondos permite que el Ejecutivo mantenga el dinero retenido durante 45 días mientras el Congreso analiza el pedido. Si los legisladores no actúan dentro de ese plazo, el presidente debe liberar los recursos
El organismo consideró ilegal la denominada “rescisión de bolsillo”, ya que Trump anunció los recortes cuando faltaban apenas cinco días para el cierre del año fiscal y la Cámara de Representantes no sesionará hasta después de las elecciones de noviembre
La oficina advirtió que retener fondos más allá de su fecha de vencimiento, sin importar el monto, vulnera el proceso constitucional para aprobar leyes y la facultad del Congreso sobre el presupuesto
Un mecanismo utilizado antes para bloquear ayuda exterior
Hace un año, Trump recurrió por primera vez en casi cinco décadas a una rescisión de bolsillo para bloquear US$4900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso
La Corte Suprema rechazó entonces intervenir para impedir esas retenciones y consideró relevante la autoridad presidencial en materia de política exterior
En esta ocasión, los fondos afectados corresponden principalmente a programas nacionales. El episodio se enmarca en los esfuerzos de la administración para ampliar su control sobre el Gobierno federal, una estrategia que legisladores consideran un debilitamiento del poder del Congreso
Programas incluidos en los recortes
La mayor parte de los recursos cuestionados corresponde a programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos destinados a refugiados y menores no acompañados acusados de estar ilegalmente en el país
El Gobierno sostiene que esos fondos ya no son necesarios debido a la fuerte disminución de los cruces fronterizos ilegales
La propuesta también alcanza un programa del Departamento de Educación para estudiantes migrantes, una oficina del Departamento de Justicia dedicada a reducir tensiones raciales, una iniciativa de desarrollo empresarial para emprendedores pertenecientes a minorías y servicios de asesoramiento habitacional del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, anticipó que los tribunales probablemente volverán a tener la última palabra sobre la disputa
Los demócratas, en tanto, buscan modificar el lenguaje de las próximas leyes de asignaciones presupuestarias para impedir acciones similares. Una propuesta impulsada por el legislador Brendan Boyle exigiría que la Oficina de Administración y Presupuesto libere los fondos al menos 90 días antes de su vencimiento