El activista Carlos Eduardo Espina reabrió el debate sobre una posible reforma migratoria sin ciudadanía. Preguntó si los inmigrantes indocumentados que llevan años trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos aceptarían obtener un estatus legal con la condición de no votar nunca
La consulta fue hipotética y no está asociada con un proyecto legislativo específico
Una pregunta con millones de visualizaciones
Espina tiene 27 años, vive en Houston y suma más de 20 millones de seguidores. Al día siguiente de publicar la pregunta, afirmó que también la había difundido en Facebook
En 20 horas, esa publicación registró 2,3 millones de visualizaciones y casi 6000 comentarios, en su mayoría favorables. Esas cifras reflejan interacciones en redes sociales y no constituyen una muestra representativa de la opinión de los inmigrantes
Qué derechos tendría una persona con estatus legal sin ciudadanía
La ley federal prohíbe votar en elecciones federales a quienes no tienen ciudadanía estadounidense. La restricción también alcanza a los titulares de una green card
Existen excepciones para algunas elecciones locales cuando una norma estatal o municipal permite votar a extranjeros y esos comicios se realizan por separado
Por eso, el efecto principal de la propuesta recaería sobre el acceso a la naturalización. Actualmente, un residente permanente puede solicitar la ciudadanía después de cinco años, o después de tres si está casado con un ciudadano estadounidense
Los hijos nacidos en Estados Unidos conservarían su ciudadanía. En junio de 2026, la Corte Suprema anuló una orden ejecutiva que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento
Una encuesta de 2013 mostró que el 55% de los hispanos priorizaba que los inmigrantes indocumentados pudieran vivir y trabajar legalmente sin temor a la deportación. El 35% prefería una vía hacia la ciudadanía. Entre los hispanos nacidos en el extranjero, las proporciones fueron del 61% y el 27%, respectivamente. Ese relevamiento no preguntó por una renuncia permanente al derecho al voto
Qué establece la Ley Dignidad
El proyecto H.R. 4393, conocido como Dignity Act, es impulsado por la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Veronica Escobar. La iniciativa crea un Programa Dignidad para inmigrantes indocumentados que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2020
El programa exige antecedentes penales limpios y el pago de impuestos adeudados. También contempla una restitución de 7000 dólares durante siete años y la obligación de presentarse cada dos años ante el Departamento de Seguridad Nacional
Quienes participen no podrían recibir beneficios federales sujetos al nivel de ingresos. Al finalizar el programa, podrían solicitar un Estatus Dignidad renovable sin límite, con permiso de trabajo y de viaje
Ninguna de esas etapas abriría una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía. El proyecto tampoco permitiría votar
Un proyecto pendiente en el Congreso
La población indocumentada fue estimada en 14 millones de personas en 2023, aunque los datos preliminares indican un descenso en 2025
La iniciativa cuenta con 39 copatrocinadores: 20 demócratas y 19 republicanos. Todavía no fue aprobada
El 119.º Congreso termina el 3 de enero de 2027. Los proyectos que no se convierten en ley caducan al finalizar el período legislativo, por lo que la Ley Dignidad tendría que presentarse nuevamente en la próxima legislatura