La resistencia creciente a los centros de datos en distintas comunidades de Estados Unidos ya cambió el clima político de cara a las elecciones legislativas de medio término y complicó los planes de las grandes tecnológicas. A la vez, llevó al presidente Donald Trump a convertirse en uno de los principales defensores de una industria que hace apenas dos años era casi desconocida para gran parte del público
El salto llegó con la expansión de la inteligencia artificial generativa tras la aparición de ChatGPT, a fines de 2022. Desde entonces, Oracle, Meta, Google, Amazon y Microsoft proyectan invertir más de 700.000 millones de dólares en centros de datos en Estados Unidos solo este año
La expansión choca con el campo
Como estas instalaciones requieren enormes extensiones de tierra, las empresas han avanzado hacia zonas rurales. Allí convergen preocupaciones de comunidades conservadoras dedicadas a la ganadería y la agricultura con organizaciones ambientales de progresista
Las alertas se repiten: escasez de agua, contaminación en áreas productivas y pérdida de tierras de cultivo. En Nuevo México, por ejemplo, el complejo Project Jupiter, impulsado por Oracle y OpenAI cerca de la frontera con México, enfrenta objeciones por el uso de agua en una región castigada por la sequía
En ese estado, una organización ambiental impugnó permisos para perforar pozos destinados a abastecer millones de galones de agua para el proyecto. También surgieron críticas por el modo en que se aprobaron esos permisos. Entre los cuestionamientos locales aparece el temor de productores y propietarios rurales a que sus derechos de agua queden debilitados
Trump los respalda
Mientras muchos dirigentes intentan marcar distancia, Trump mantiene su apoyo a los centros de datos. Sostiene que ofrecen empleo, recaudación e inversiones de gran escala, y considera que son clave para competir con China en la carrera por la inteligencia artificial
Su administración impulsa medidas para facilitar la construcción y conexión de estas instalaciones con centrales eléctricas y líneas de alta tensión, e incluso promueve la reconversión de viejas plantas de enriquecimiento de uranio en complejos vinculados a centros de datos y energía
Más controles y menos beneficios
La reacción política también endureció el clima regulatorio. Varios gobernadores que antes promovían estos proyectos ahora evalúan o ya aplican nuevas restricciones
Algunos estados frenaron exenciones impositivas para nuevos emprendimientos. Otros buscan obligar a las empresas a financiar su propia energía, limitar el consumo de agua, transparentar más información y demostrar respaldo comunitario antes de recibir permisos o beneficios fiscales
En Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó medidas para evitar que los usuarios terminen pagando más por la electricidad debido a los centros de datos. Además, anticipó una agenda legislativa para endurecer la regulación y revisar el alivio impositivo estatal. En Nueva York, Kathy Hochul dispuso una prohibición por un año para los grandes centros de datos
Energía limpia en tensión
La demanda eléctrica asociada a la inteligencia artificial aceleró la construcción de plantas a gas natural y al mismo tiempo encendió alarmas entre defensores de la transición energética
Michigan, Oregón y Minnesota aprobaron leyes para sostener sus metas de energía libre de emisiones hacia 2040. En California, una iniciativa similar sigue en debate. En otros estados, como Georgia, Colorado y Carolina del Norte, ambientalistas y empresas con objetivos de energía limpia presionan a las utilities, que históricamente controlan el suministro y el acceso a la red
Sindicatos, un aliado persistente
Pese al rechazo de parte de las comunidades, los centros de datos conservan apoyos relevantes. Uno de los más firmes sigue siendo el de los sindicatos de la construcción, cuyas afiliaciones participan en una gran cantidad de proyectos y empujan programas de formación para responder a la demanda de mano de obra
Sus dirigentes aseguran que sus filas crecen a un ritmo inusual. Además, los sindicatos no solo trabajan en las obras: también defienden estos proyectos ante legislaturas, concejos locales y audiencias públicas, donde suelen responder a las críticas con más presencia que las propias empresas tecnológicas