Abraham Rico Pineda seguirá bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, luego de que una jueza de garantías rechazó modificar las medidas cautelares que le fueron impuestas dentro del proceso vinculado a la Operación Jericó
La jueza mantuvo las restricciones
La decisión fue adoptada por la jueza Clara Montenegro durante una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Tras escuchar a la defensa y al Ministerio Público, concluyó que los riesgos procesales señalados en etapas previas no han disminuido
La defensa pidió eliminar el brazalete electrónico, sustituir el arresto domiciliario por reportes periódicos y autorizarle a trabajar. También sostuvo que seguían vigentes la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país
Montenegro negó todas las solicitudes al considerar que los elementos expuestos no reducían los riesgos procesales previstos en el artículo 240 del Código Procesal Penal
El brazalete registró salidas del perímetro
Uno de los puntos valorados por el tribunal fue la información del sistema de geolocalización. Según lo expuesto en la audiencia, el dispositivo detectó desplazamientos fuera del área autorizada, pese a que Rico Pineda debía permanecer en su residencia
La jueza le recordó la obligación de cumplir de forma estricta las condiciones fijadas para su detención domiciliaria
La Fiscalía insiste en los riesgos
El Ministerio Público sostuvo que la vinculación del imputado se mantiene fortalecida y que no han desaparecido los riesgos ligados a la gravedad de los hechos investigados y al peligro para la comunidad
La defensa, encabezada por el abogado Víctor Orobio, anunció que apelará la decisión. La revisión quedó programada para el 18 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna
Orobio ha planteado que la investigación ya concluyó y que sostener estas restricciones equivaldría a una pena anticipada. También dijo que un informe financiero permitiría justificar los bienes de su cliente
Un caso ligado a la Operación Jericó
Rico Pineda fue aprehendido el 20 de agosto de 2024 en el marco de la Operación Jericó y permaneció cerca de 17 meses en detención provisional. El 2 de febrero de 2026 obtuvo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, medida que seguirá vigente mientras avanza el proceso
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas lo investiga por una transferencia de una suma elevada de dinero que presuntamente estaría vinculada a actividades ilícitas. Según la hipótesis fiscal, los fondos habrían sido movidos mediante estructuras empresariales para ocultar o dificultar su origen
Entre las sociedades bajo investigación figura Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y con contratos con entidades públicas. Los fiscales sostienen que una de esas compañías habría servido para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, algo que deberá ser probado en juicio
Una investigación amplia
La Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023 para indagar una presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales
Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos y análisis financieros, además de pesquisas sobre rutas, empresas, vehículos y propiedades
La investigación reconstruyó un trayecto que presuntamente salía de Colombia, pasaba por Panamá y Costa Rica y seguía hacia México. Los cargamentos habrían ingresado por Guna Yala y Darién, para luego ser movidos en mochileros y vehículos con compartimentos ocultos hacia San Miguelito, Juan Díaz y Chiriquí
Los operativos incluyeron más de 50 allanamientos en varias provincias. Las autoridades reportaron al menos 31 aprehendidos, así como el decomiso de más de una tonelada de droga, más de 300,000 dólares, vehículos y armas de fuego
Cinco procesados aceptaron recientemente acuerdos de pena por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Esas resoluciones no involucran a Rico Pineda ni definen su responsabilidad, cuyo expediente seguirá su curso junto con otros imputados en la etapa intermedia prevista para febrero de 2027