El retiro de la política federal que consideraba a las escuelas como lugares sensibles abrió una nueva etapa legislativa en Estados Unidos. Durante 2026, al menos 23 estados analizaron 40 propuestas para regular la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en establecimientos públicos de educación primaria y secundaria
Doce de esas iniciativas fueron aprobadas antes del inicio del ciclo escolar. La mayoría buscó restringir el acceso de agentes migratorios, proteger los datos de los estudiantes o establecer procedimientos para responder a pedidos federales
El cambio federal y la respuesta estatal
En enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional dejó sin efecto la guía que limitaba los operativos en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias
El departamento sostiene que el ICE no realiza redadas ni apunta a las escuelas. Sin embargo, distritos y legislaturas comenzaron a definir protocolos para actuar si un agente se presenta en un campus o solicita información
De las 40 iniciativas analizadas, 35 tenían una orientación restrictiva. Una propuesta de Mississippi promovía la cooperación con las autoridades migratorias. Las restantes se enfocaban en capacitación, avisos o reglas administrativas
Qué establecieron Massachusetts, Oregon y Vermont
Massachusetts promulgó el 5 de agosto la ley PROTECT. La norma impide los arrestos civiles de inmigración dentro de escuelas públicas, charter y vocacionales sin una orden judicial. También exige políticas para revisar documentos y notificar a las autoridades correspondientes
La guía para las escuelas K-12 diferencia una orden judicial de una orden administrativa de inmigración y obliga a designar responsables para responder ante una visita federal
Oregon aprobó una medida que exige políticas institucionales, capacitación y avisos tanto en distritos escolares como en centros de educación superior
Vermont incorporó reglas de privacidad, recursos destinados a las familias y la exigencia de una orden judicial para ingresar en áreas no públicas de una escuela
Estas disposiciones no eliminan la autoridad federal. Definen cómo debe responder cada institución y qué información puede entregar
Un sistema desigual según el estado
La actividad legislativa no creó un estándar nacional. Los proyectos sobre lugares sensibles fracasaron en West Virginia, Hawaii y Kansas, mientras que Tennessee tampoco aprobó sus iniciativas
En Minnesota se presentaron cinco proyectos y ninguno llegó a la etapa final durante el período analizado. El resultado es un conjunto desigual de reglas que puede variar entre estados y, en algunos casos, entre distritos escolares
Al comenzar 2026, al menos ocho estados ya contaban con alguna protección vigente. Las nuevas leyes se sumaron a esas normas, aunque no todas regulan los mismos aspectos: algunas se concentran en el ingreso físico de agentes, otras en la confidencialidad de los expedientes y otras en la comunicación con las familias
Qué pueden consultar las familias
El fallo Plyler v. Doe de la Corte Suprema garantiza el acceso a la educación pública primaria y secundaria sin importar el estatus migratorio del estudiante. Una escuela no puede negar la matrícula por ese motivo
Las familias deben consultar las reglas de su estado y distrito para saber quién recibe a un agente, qué documentos puede revisar la escuela y cómo se informa a padres o tutores
Las normas estatales no reemplazan el asesoramiento legal. También se recomienda conservar los datos de contacto de la escuela, conocer su protocolo escrito y evitar entregar información migratoria que no sea necesaria para la inscripción
Ante una consulta sobre una orden o un caso individual, corresponde recurrir a un abogado habilitado o a una entidad acreditada