El 20 de agosto de 1976 aparecieron en Pilar los cuerpos de treinta personas. La dictadura intentó presentarlo como un episodio atribuido a “grupos irracionales”, pero la versión oficial nunca resistió la evidencia: se trató de una ejecución clandestina cometida por personal de la Policía Federal en el marco del terrorismo de Estado

Las víctimas eran veinte hombres y diez mujeres. Tenían impactos de bala y la mayoría estaba maniatada a la espalda. Con el paso del tiempo, la investigación judicial y el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitieron identificar a veinticinco de ellas; la última identidad recuperada fue la de Oscar Ledesma, en 2019

Del centro clandestino al descampado

Lo ocurrido en Fátima comenzó horas antes, en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1417, en pleno centro porteño. Allí funcionó un centro clandestino de detención operado por el Grupo de Tareas 2, donde hubo torturas, asesinatos y traslados de prisioneros hacia otros lugares para ser ejecutados

La reconstrucción de los hechos se apoyó en testimonios clave recogidos tras el retorno democrático. Entre ellos estuvieron los de Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, además del ex cabo primero Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber participado del operativo y señaló a los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi

Luchina afirmó que uno de los jefes “contó hasta treinta” al referirse a las personas cargadas en un camión. También indicó que algunos iban envueltos en frazadas, lo que daba cuenta de que varios habían sido torturados, estaban inconscientes o ya muertos

Una represalia planificada

La investigación concluyó que la masacre fue una represalia por el atentado montonero del 2 de julio de 1976 en el comedor de esa misma sede policial, ataque que había causado 23 muertes. Otros testimonios sumados a la causa describieron además nuevas ejecuciones de detenidos ilegales en los días siguientes, también como castigo

En 2008, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a Gallone y Lapuyole por los homicidios. Timarchi fue absuelto por insuficiencia de pruebas, una decisión que generó fuerte malestar entre los familiares de las víctimas. Aun así, ya había elementos para ubicarlo en el operativo

Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, también quedó alcanzado por otras causas vinculadas con la represión clandestina, aunque murió antes de recibir sentencia. Gallone, por su parte, falleció en 2021 mientras cumplía arresto domiciliario

La memoria y las pruebas desclasificadas

El lugar donde fueron hallados los cuerpos fue señalizado como Sitio de la Memoria en 2022. Para entonces, también había circulado documentación desclasificada que reforzaba lo ya establecido por la justicia: un cable de inteligencia de Estados Unidos atribuía directamente a la Policía Federal la responsabilidad por los asesinatos

Ese informe sostenía que la matanza había sido una represalia y una advertencia política, y registraba además el enojo de Jorge Rafael Videla por el impacto público del hallazgo de los cuerpos. La evidencia disponible dejó atrás la versión montada en 1976 y confirmó que la Masacre de Fátima fue una de las expresiones más brutales de la violencia estatal durante la dictadura