El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cerró, entre el 20 y el 24 de julio de 2026, tres contrataciones directas con GZ Perú S.A. por S/16 millones 200 mil para el servicio de vigilancia de sus sedes. Los acuerdos quedaron bajo la lupa luego de que se detectaran observaciones en los documentos presentados por la empresa para sustentar su trayectoria

La compañía había sido invitada después de que se cancelaran tres procesos previos. Para acceder a la adjudicación, debía demostrar experiencia suficiente en servicios de seguridad, requisito que respaldó con un contrato simple, constancias de prestación y facturas asociadas a ROAL Laboratorios S.A.C

Facturas sin registro tributario

Entre los papeles revisados aparece la factura N.° 106, usada como parte del sustento de operaciones comerciales entre ambas empresas. Sin embargo, especialistas tributarios consultados en la revisión del caso advirtieron que esos comprobantes no figuran en la plataforma de la Sunat

La ausencia de esos registros abrió una duda central sobre la veracidad de los servicios que GZ Perú presentó como experiencia previa para contratar con el Estado. El punto cobra mayor peso por el monto comprometido en los tres contratos, destinados a un servicio considerado clave para el funcionamiento del sector

La firma que no fue reconocida

ROAL Laboratorios, un policlínico con una sola sede en Los Olivos, fue presentado como cliente de la empresa de seguridad. GZ Perú sostuvo haber prestado allí servicios y mostró una constancia fechada el 16 de noviembre de 2023

Pero el gerente general de ROAL Laboratorios, Miguel Paz Álvarez, afirmó no reconocer la firma consignada en ese documento. Además, el local no tendría actualmente servicio de resguardo, pese a que los papeles presentados hablaban de pagos mensuales cercanos a S/450 mil entre 2020 y 2023

La respuesta de la empresa

Emiliano Valdelomar Castro, gerente general de GZ Perú S.A., defendió la contratación y aseguró que su oferta fue la de menor costo entre las evaluadas. Sobre las facturas no registradas, dijo desconocer por qué no aparecen en el sistema tributario

También evitó dar detalles sobre los 450 efectivos que, según la documentación, habrían participado en el servicio. Señaló además que asumió el cargo en 2025, cuando ya habrían ocurrido las operaciones cuestionadas

El Minjus mueve ficha

La controversia se agrava porque, según la información difundida, el Ministerio de Justicia ya habría recibido desde el 30 de julio de 2026 una confirmación de la Sunat sobre la inexistencia de registros vinculados a esas operaciones. Aun así, no se habrían tomado medidas inmediatas hasta la difusión del caso

Tras conocerse el reportaje, el sector anunció el inicio del procedimiento para declarar la nulidad de oficio de los tres contratos. Además, el caso quedó en manos del Órgano de Control Institucional, mientras se activan planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio de vigilancia

Jiménez se distancia

El entonces ministro Luis Jiménez se deslindó de las contrataciones y señaló que la conducción de esos procesos correspondía al área logística. Los acuerdos se firmaron pocos días antes de su salida del despacho, pero el exfuncionario afirmó que no tuvo intervención directa en la selección de la empresa

El expediente sigue ahora en revisión interna mientras se determina si corresponde anular los contratos y establecer eventuales responsabilidades