Mongolia presentó una protesta diplomática ante Malasia por el tratamiento judicial del asesinato de Altantuya Shaariibuu, ocurrido en octubre de 2006. El Gobierno reclamó un proceso justo y respuestas para la familia de la mujer, asesinada en una zona selvática cercana a Kuala Lumpur
Altantuya tenía 28 años y estaba embarazada. Fue asesinada a tiros y su cuerpo fue destruido con explosivos plásticos de uso militar
Cuatro pedidos al Gobierno malasio
Zandanshatar Gombojav, ex primer ministro de Mongolia y enviado especial para apoyar a la familia, informó que la nota diplomática incluye cuatro solicitudes: revisar el fallo de un tribunal de apelación, gestionar el regreso de un policía condenado que escapó a Australia, examinar posibles nuevas pruebas y entregar una respuesta oficial a Mongolia
“Han pasado 20 años y su familia ha soportado una pérdida inimaginable sin escuchar nunca las palabras ‘lo siento’”, afirmó Zandanshatar. Según dijo, una resolución justa y definitiva es importante para la confianza entre ambos países
Un caso con responsabilidades pendientes
Dos integrantes de una unidad policial de élite, que habían sido guardaespaldas del ex primer ministro Najib Razak, fueron condenados por el asesinato. Ambos recibieron inicialmente la pena de muerte. Uno huyó a Australia mientras apelaba su condena; el otro permanece encarcelado en Malasia y en 2024 vio conmutada su pena por 40 años de prisión
Abdul Razak Baginda, pareja de Altantuya y antiguo colaborador cercano de Najib, fue juzgado y absuelto de complicidad. Nunca se estableció quién ordenó el asesinato
El caso quedó vinculado a especulaciones sobre una posible relación con presuntos actos de corrupción en la compra de submarinos a Francia, cuando Najib era vice primer ministro y ministro de Defensa. Najib ha negado cualquier participación y las acusaciones no han sido probadas judicialmente
El cambio en la demanda civil
La familia demandó al Gobierno malasio, a los dos policías y a Baginda por el impacto y el trauma derivados de la muerte. En 2022, un tribunal superior determinó que los demandados debían pagar una indemnización de 5 millones de ringgit, equivalentes entonces a 1,2 millones de dólares
En enero, el Tribunal de Apelación anuló esa decisión, redujo la indemnización a 1,4 millones de ringgit, unos 343.000 dólares, y concluyó que el Gobierno no era responsable porque la actuación de los policías quedaba fuera de sus funciones oficiales. La familia impugnó ese fallo
El valor del testimonio policial
Zandanshatar sostuvo que las declaraciones de los dos agentes son esenciales para avanzar hacia la justicia. También pidió intensificar las conversaciones con Australia para lograr el regreso del policía que se encuentra allí, aunque su condena a muerte representa un obstáculo importante para la extradición
El agente encarcelado en Malasia habría declarado en 2019 que Najib ordenó el asesinato. El policía que está en Australia también ha realizado declaraciones que apuntan a órdenes de autoridades superiores. Esas afirmaciones no han sido establecidas por un tribunal