ROMA.- Una congregación de monjas italianas enfrenta al ayuntamiento de Spotorno, en la región de Liguria, por el futuro de una franja de 50 metros de playa que administra desde hace décadas y cuyos ingresos financian obras educativas y sociales

El municipio resolvió someter la concesión a una licitación pública para adecuarse a las normas italianas y europeas sobre el uso de las playas. La controversia, ya apodada por algunos como una “guerra santa”, gira en torno al complejo Bagni Gino Garrone, gestionado por las Hermanas de la Caridad de Santa María desde la década de 1970

La congregación explota el balneario con el alquiler de sombrillas y reposeras, y destina las ganancias a tareas benéficas, entre ellas una escuela infantil que sigue funcionando en Spotorno y un campamento de verano para chicos en la costa

La hermana Miranda, una religiosa de edad avanzada, se convirtió en la voz más visible del reclamo. En una reunión pública cuestionó al alcalde, Mattia Fiorini, por la decisión de quitarles la concesión. “Es nuestra”, sostuvo, y advirtió que, si pierden la playa, también peligrará la escuela

Una disputa que viene de más arriba

El conflicto nació a partir de un cambio en la regulación de las concesiones marítimas. Según el municipio, la figura que durante años permitió a ciertas entidades administrar playas con fines sociales ya no existe en el marco legal actual

Por eso, la franja gestionada por las monjas será reclasificada y deberá salir a concurso. Fiorini, de centroizquierda, afirma que la medida busca corregir una situación desigual en el acceso a la costa y adaptar a Spotorno a las reglas de competencia

“Las monjas tendrán que participar en la licitación como los demás”, explicó el intendente

El municipio quiere destinar cerca del 40% de sus playas al acceso libre o con servicios, en línea con la legislación regional de Liguria. Hasta ahora, la proporción de playas públicas en Spotorno rondaba apenas el 3,5%, según las autoridades locales

El choque con las nuevas reglas

La decisión local forma parte de una disputa mucho más amplia entre Italia y la Unión Europea por las concesiones privadas en las playas. La directiva Bolkestein fija reglas de competencia para ciertos servicios y fue interpretada por las instituciones europeas y por tribunales italianos como incompatible con la renovación automática y prolongada de muchas concesiones

Durante años, distintos gobiernos italianos demoraron la aplicación plena de esas normas ante la resistencia de los dueños de balnearios, un sector con fuerte peso económico y político. Finalmente, el gobierno de Giorgia Meloni aceptó un cronograma para avanzar hacia licitaciones públicas, bajo presión de Bruselas y de la Justicia italiana

El objetivo es que las concesiones vigentes sean sometidas a procesos competitivos antes del 30 de junio de 2027

En Spotorno, el cambio impacta especialmente en las llamadas “playas benéficas”. Según Fiorini, había tres concesiones de ese tipo, una vinculada a la Iglesia y otras dos a organizaciones sociales. Esa categoría fue eliminada del nuevo Plan de Utilización de la Propiedad Estatal Marítima, por lo que ahora deberán competir bajo las mismas reglas que los operadores privados

El alcalde sostiene además que el balneario de las monjas ya no encaja en la definición de playa destinada exclusivamente a fines sociales. La Guardia Costera lo considera un establecimiento convencional

La congregación rechaza esa interpretación y advierte que, si el lugar pasa a ser una “playa equipada de acceso gratuito”, sus ingresos caerán de manera considerable. Bajo ese esquema, cualquier persona podría entrar sin pagar y solo abonaría por determinados servicios

Para las religiosas, esa reducción pondría en riesgo la financiación de sus actividades educativas. “Nos encomendamos al Señor y al buen juicio de los políticos, con la esperanza de que se encuentre una solución”, dijo la hermana Miranda

Desde el municipio, en cambio, insisten en que la congregación participe del proceso licitatorio. “Las monjas tienen décadas de experiencia en trabajo social, que estoy seguro de que podrán plasmar por escrito en su proyecto”, respondió el intendente