El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos derogó la norma de “carga pública” aprobada en 2022 y puso en marcha un nuevo esquema para analizar determinados trámites vinculados con la green card

La disposición fue publicada en el Registro Federal y comenzará a regir el 18 de septiembre de 2026. Desde ese día se aplicará a las solicitudes de admisión presentadas a partir de esa fecha y a los formularios de ajuste de estatus enviados por correo o por vía electrónica desde entonces

Los expedientes ingresados antes de ese momento seguirán bajo la normativa vigente cuando fueron presentados. La medida no tendrá efecto retroactivo

Un examen más amplio del caso

Con la nueva regla, los কর্মকর্তados migratorios tendrán un margen mayor para evaluar si una persona podría depender principalmente de asistencia gubernamental en el futuro

Para esa revisión deberán considerar, en conjunto, varios factores previstos por la ley migratoria: edad, estado de salud, situación familiar, patrimonio y recursos económicos, ingresos disponibles, nivel educativo y experiencia laboral

Ninguno de esos elementos define por sí solo el resultado del trámite. La decisión surgirá de una evaluación integral del expediente y de las circunstancias de cada solicitante

Cuando corresponda, también podrá tomarse en cuenta la Declaración Jurada de Patrocinio Económico, conocida como Formulario I-864. Ese documento será un elemento adicional de análisis, pero no determinará por sí mismo la resolución

Qué pasa con los beneficios ya usados

Las prestaciones públicas recibidas antes de la entrada en vigor de la nueva norma seguirán siendo evaluadas según las reglas que estaban activas al momento de su uso

Esos beneficios no serán revisados bajo el nuevo criterio. La aplicación de la medida será solo hacia adelante, para dar previsibilidad a quienes iniciaron trámites o utilizaron programas públicos bajo el marco anterior

Quiénes quedan exceptuados

La ley federal mantiene exenciones para varias categorías migratorias. Entre ellas figuran los refugiados, las personas con asilo, los titulares de visas T para víctimas de trata, los titulares de visas U para víctimas de determinados delitos y quienes están protegidos por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

Además, los beneficios públicos utilizados por familiares del solicitante no serán tenidos en cuenta para resolver el caso. La evaluación se concentrará en la situación de la persona que pide la green card y en los requisitos aplicables a su categoría