Nueva York empezó a aplicar un nuevo marco legal que recorta la colaboración entre fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La norma establece límites precisos y prohíbe tres vías de cooperación que antes estaban habilitadas en varias jurisdicciones del estado
Las tres prácticas que quedan prohibidas
La legislación impide que agencias estatales y locales firmen, renueven, modifiquen o mantengan acuerdos 287(g) para que sus agentes asuman funciones federales de control migratorio civil
También bloquea los convenios destinados a alojar o detener personas exclusivamente por infracciones civiles de inmigración
Además, prohíbe que gobiernos y organismos públicos financien, subsidien u otorguen beneficios económicos a centros privados de detención migratoria, ya sea de forma total o parcial
Un cortafuegos para la policía local
La norma, llamada Ley de Policías Locales para Delitos Locales de Nueva York, rige en todo el estado y busca evitar que las tareas policiales se desvíen hacia la aplicación de normas migratorias federales
Al momento de su puesta en vigencia, 13 jurisdicciones del estado mantenían acuerdos 287(g). Once habían anticipado que los darían por terminados; luego, Nassau decidió ajustarse a la ley, y Rensselaer quedó como la única jurisdicción que conservó su convenio
Resistencia en Rensselaer
El alguacil del condado de Rensselaer se sumó a una demanda federal para intentar frenar la aplicación de la ley. Sostuvo que la medida les quita a las fuerzas de seguridad herramientas útiles para actuar con protección sobre las personas más cercanas a ellas
En paralelo, la fiscal general del estado presentó una acción judicial para exigir que ese condado termine su acuerdo 287(g)
Nassau acató la norma, aunque la cuestionó
En Nassau, el ejecutivo del condado anunció que cumpliría la ley estatal y pondría fin a los acuerdos 287(g) en su territorio. Aun así, manifestó su rechazo a la decisión y afirmó que, más allá de sus críticas, no corresponde elegir qué leyes cumplir
El mensaje de Hochul
La gobernadora Kathy Hochul defendió la nueva regulación y planteó que la prioridad debe ser mantener a la policía local concentrada en la prevención y el combate del delito común
También remarcó que el estado seguirá firme frente al crimen, pero sin permitir abusos federales en las comunidades. Según dijo, la fuerza local debe enfocarse en los delitos locales y no en la aplicación de la inmigración civil