Un tribunal federal de apelaciones determinó el viernes 13 de noviembre que el Departamento de Transporte retuvo de manera indebida 73,5 millones de dólares en fondos viales de Nueva York. La medida había sido adoptada porque el estado se negó a revocar unas 33.000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes
El panel del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, concluyó que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) actuó de forma arbitraria, caprichosa o contraria a la ley. La decisión deja sin efecto la sanción económica contra Nueva York, pero no suspende las restricciones federales que rigen desde marzo
La norma anterior no vinculaba la licencia con el vencimiento migratorio
La FMCSA había señalado que una auditoría detectó licencias emitidas sin pruebas de presencia legal vigente y otras respaldadas por documentos vencidos. Nueva York respondió que los permisos habían sido entregados únicamente a personas con estatus legal
La corte estableció que las reglas vigentes cuando se emitieron esas licencias exigían presentar documentación migratoria válida al solicitarlas, pero no obligaban a que el permiso venciera junto con esos documentos. Las licencias podían tener una duración de hasta ocho años
El tribunal también consideró que la retención de fondos correspondía al año fiscal 2027. Una opinión coincidente del juez Schwartz sostuvo que el caso debía resolverse únicamente a partir del texto de la normativa anterior
Qué conductores quedan alcanzados por la regla actual
La disputa involucra unas 33.000 licencias de Nueva York. En todo Estados Unidos, las licencias comerciales para personas no domiciliadas representan cerca del 5% del total, alrededor de 200.000 conductores. Los inmigrantes constituyen aproximadamente el 20% de los camioneros
Desde el 16 de marzo, la regla final de la FMCSA limita estas licencias a quienes tienen visas H-2A, para trabajo agrícola temporal; H-2B, para trabajo temporal no agrícola; o E-2, para inversionistas por tratado
El permiso debe coincidir con la vigencia del documento migratorio y no puede superar un año. Las licencias emitidas legalmente antes de la entrada en vigor de la regla conservan su validez hasta el vencimiento, pero solo pueden renovarse si el conductor cumple las nuevas condiciones
La propia agencia calculó que hasta 194.000 conductores podrían perder gradualmente su elegibilidad durante un período de cinco años
La regla federal todavía espera una definición judicial
La normativa tiene una causa propia ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Ese tribunal había suspendido en noviembre de 2025 una versión anterior de la regulación
En mayo de 2026, un panel dividido rechazó suspender la regla final mientras el proceso avanzaba. La causa Rivera Lujan contra la FMCSA tuvo una audiencia el 15 de septiembre
Al 16 de octubre, el tribunal todavía no había emitido sentencia y la regla continuaba en vigor