Un tribunal federal de apelaciones determinó el viernes 13 de noviembre que el Departamento de Transporte retuvo de manera indebida 73,5 millones de dólares en fondos viales de Nueva York. La medida había sido adoptada porque el estado se negó a revocar unas 33.000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes

El panel del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, concluyó que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) actuó de forma arbitraria, caprichosa o contraria a la ley. La decisión deja sin efecto la sanción económica contra Nueva York, pero no suspende las restricciones federales que rigen desde marzo

La norma anterior no vinculaba la licencia con el vencimiento migratorio

La FMCSA había señalado que una auditoría detectó licencias emitidas sin pruebas de presencia legal vigente y otras respaldadas por documentos vencidos. Nueva York respondió que los permisos habían sido entregados únicamente a personas con estatus legal

La corte estableció que las reglas vigentes cuando se emitieron esas licencias exigían presentar documentación migratoria válida al solicitarlas, pero no obligaban a que el permiso venciera junto con esos documentos. Las licencias podían tener una duración de hasta ocho años

El tribunal también consideró que la retención de fondos correspondía al año fiscal 2027. Una opinión coincidente del juez Schwartz sostuvo que el caso debía resolverse únicamente a partir del texto de la normativa anterior

Qué conductores quedan alcanzados por la regla actual

La disputa involucra unas 33.000 licencias de Nueva York. En todo Estados Unidos, las licencias comerciales para personas no domiciliadas representan cerca del 5% del total, alrededor de 200.000 conductores. Los inmigrantes constituyen aproximadamente el 20% de los camioneros

Desde el 16 de marzo, la regla final de la FMCSA limita estas licencias a quienes tienen visas H-2A, para trabajo agrícola temporal; H-2B, para trabajo temporal no agrícola; o E-2, para inversionistas por tratado

El permiso debe coincidir con la vigencia del documento migratorio y no puede superar un año. Las licencias emitidas legalmente antes de la entrada en vigor de la regla conservan su validez hasta el vencimiento, pero solo pueden renovarse si el conductor cumple las nuevas condiciones

La propia agencia calculó que hasta 194.000 conductores podrían perder gradualmente su elegibilidad durante un período de cinco años

La regla federal todavía espera una definición judicial

La normativa tiene una causa propia ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Ese tribunal había suspendido en noviembre de 2025 una versión anterior de la regulación

En mayo de 2026, un panel dividido rechazó suspender la regla final mientras el proceso avanzaba. La causa Rivera Lujan contra la FMCSA tuvo una audiencia el 15 de septiembre

Al 16 de octubre, el tribunal todavía no había emitido sentencia y la regla continuaba en vigor