El anuncio del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de poner en marcha operativos y deportaciones contra migrantes irregulares marcó un nuevo giro en la política migratoria del país. Desde Barranquilla, el mandatario insistió en que las autoridades actúen contra quienes no tengan sus documentos en regla

“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo De la Espriella al defender una estrategia orientada, según su mensaje, a proteger al ciudadano y devolver seguridad y tranquilidad

La respuesta del Cesed

Frente a ese anuncio, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes presentó una revisión de estudios nacionales e internacionales sobre la relación entre migración y delito. Su conclusión general es que esa asociación es negativa y muy débil

El centro afirmó que, tras décadas de investigación, no existe respaldo sólido para sostener que la migración eleva de forma significativa la criminalidad. Por el contrario, señaló que la evidencia disponible apunta a efectos marginales o nulos

Lo que muestran otros estudios

Entre los casos citados está el del Reino Unido, donde la llegada de solicitantes de asilo apenas tuvo un efecto leve sobre algunos delitos contra la propiedad. En cambio, la migración vinculada a la ampliación de la Unión Europea incluso coincidió con una reducción de esos hechos

En Italia, el efecto causal apareció solo en robos, pero no cambió de forma relevante la tasa total de delitos. Además, los procesos de regularización redujeron la reincidencia en un 50%, según investigaciones referidas por el centro

El Cesed también recordó el caso colombiano del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que permitió regularizar a cerca de medio millón de venezolanos. De acuerdo con los estudios citados, esa medida elevó el consumo en 48%, aumentó los ingresos laborales en 22% y mejoró indicadores de salud

En paralelo, el costo fiscal de un hogar migrante regularizado resultó menor que el de uno en condición irregular

¿Sirven las deportaciones masivas?

El análisis del centro también revisó si las expulsiones masivas reducen el delito. Su respuesta fue negativa. En Estados Unidos, el programa Secure Communities permitió revisar de forma amplia el estatus migratorio de personas arrestadas, pero el efecto sobre la criminalidad fue nulo

Otros ejemplos internacionales apuntan en la misma dirección. En la frontera entre Colombia y Venezuela, la reapertura de 2016 se asoció con un aumento de homicidios, aunque la mayoría de las víctimas fueron venezolanas

En Chile, la triplicación de la población extranjera en menos de una década no modificó las tasas delictivas, aunque sí elevó el miedo al delito y el gasto en seguridad de los hogares

Regularizar, no expulsar

Con base en esa evidencia, el Cesed sostuvo que los operativos centrados en la expulsión de migrantes irregulares no han demostrado eficacia para bajar los delitos. En cambio, la regularización sí habría mostrado efectos positivos y un menor costo para el Estado

“Operativos en contra de los migrantes no reducen el delito. Regularizar sí, y además cuesta mucho menos”, resumió el centro

En esa línea, su lectura general es que integrar a los migrantes al mercado laboral y a los sistemas de protección social produce más beneficios que las medidas de represión y deportación. La conclusión del análisis es que el impacto de la migración sobre el delito es, en el mejor de los casos, marginal