El Pacto Histórico negó que exista un arreglo político en torno al expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja y El Aro, en Antioquia
La colectividad respondió así a los señalamientos surgidos después de su participación en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde se abrió la discusión sobre si la investigación debe seguir en la Fiscalía o pasar al Congreso
La discusión por la competencia
El debate se activó luego de que el presidente de esa comisión, Carlos Cuenca, del Partido Cambio Radical, pidiera a la Fiscalía remitir el expediente al Congreso bajo el argumento de que esa célula legislativa es el juez natural para investigar a exmandatarios por hechos ligados al ejercicio de sus funciones
La controversia cobró fuerza porque Uribe era gobernador de Antioquia cuando ocurrieron los hechos en La Granja, en 1996, y en El Aro, en 1997. Esa circunstancia abrió el choque de competencias entre la Fiscalía y el órgano legislativo
La respuesta del Pacto Histórico
Los representantes del Pacto Histórico que integran la Comisión de Acusación difundieron un comunicado en el que descartaron cualquier pacto con el uribismo y aseguraron que no respaldarán maniobras que afecten a las víctimas o frenen el proceso
La bancada también aclaró que, aunque al inicio consideró necesario definir con precisión la autoridad competente, ahora respalda que la Fiscalía continúe con las diligencias mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto institucional
La investigación sigue en marcha
La fiscal Marcela Abadía mantiene el cronograma de actuaciones sobre el expediente, que busca establecer las circunstancias de las masacres y posibles omisiones en la protección de la población civil por parte de autoridades departamentales
En junio de 1996 hubo una incursión paramilitar en La Granja y en octubre de 1997 otra en El Aro. Los ataques dejaron muertos, desplazamientos forzados y daños en la infraestructura rural de Ituango
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estos hechos y por la falta de protección a las víctimas
La indagatoria presencial de Uribe sigue programada para el 4 de septiembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía. Si la Corte Constitucional concluye que el caso debe pasar al Congreso, el expediente será enviado a la Comisión de Acusación. Si ratifica la competencia de la Fiscalía, Abadía continuará al frente del proceso