El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado el sábado a la sede de la Fiscalía para declarar, pocas horas después de ser destituido por el Congreso a raíz del colapso del banco Ueno
Los fiscales habían ordenado el viernes su arresto, junto con el del exjefe del Banco Central Carlos Carvallo, en el marco de una investigación por presunto abuso de confianza y otros delitos vinculados con la quiebra de la entidad
Una crisis bancaria con impacto político
Los reguladores intervinieron Ueno tres días antes de la destitución de Peña. La medida congeló el acceso a los ahorros de casi 3 millones de clientes y desencadenó una crisis política
El Banco Central informó que 1,2 millones de clientes ya habían recibido un reembolso parcial o total de sus depósitos asegurados conforme a la legislación paraguaya. La entidad también señaló que trabajaba para compensar a cientos de miles de personas que seguían sin poder utilizar sus cuentas
Los legisladores acusaron a Peña de emplear su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos riesgosos otorgados a personas vinculadas con la entidad. El expresidente negó haber cometido irregularidades
Remoción, sucesión y protestas
El Senado aprobó por unanimidad la salida de Peña. El Congreso rechazó su renuncia, presentada el jueves, y continuó con el juicio político para impedir que abandonara el cargo conservando inmunidad
El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia y comenzó a designar un nuevo gabinete el sábado. Peña había sido trasladado el viernes por la noche a una base militar, mientras cientos de manifestantes se concentraban frente a su vivienda
Las protestas se intensificaron durante la semana. Miles de personas reclamaron el acceso a sus ahorros congelados y responsabilidades por el derrumbe de Ueno. En algunos enfrentamientos, la policía utilizó balas de goma y gas pimienta
El sindicato de docentes más grande del país, que reúne a más de 40.000 integrantes, anunció una huelga nacional por tiempo indeterminado a partir del lunes para exigir protección para los fondos públicos de pensiones