La actualización de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires profundizó las diferencias entre el gobierno de Axel Kicillof y La Cámpora, conducida por Máximo Kirchner

El conflicto se originó con la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios según el nivel de consumo y la distribuidora. El ajuste implicó aumentos de entre 1,5% y 3,5% en las facturas finales

La medida incluyó una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que cubre los costos propios de las empresas, como operación, mantenimiento, salarios e inversiones. También modificó el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria

Una disputa por el impacto en los hogares

La Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió que, según el consumo, las facturas de invierno y verano pueden representar más del 20% del ingreso de los sectores medios. El impacto sería mayor en los hogares electrointensivos, que dependen de la electricidad para sus servicios básicos. En casos extremos, se mencionaron gastos mensuales de entre $600.000 y $800.000

La decisión alcanza a EDEN, EDES, EDELAP y EDEA, las cuatro distribuidoras que operan fuera del área de Edenor y Edesur. Todas pertenecen al Grupo DESA. EDEN presta servicio en el norte y centro bonaerense; EDES, en el sur; EDELAP, en La Plata y sus alrededores; y EDEA, en la costa atlántica y el centro provincial

El reclamo judicial y la tarifa social

El defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, presentó una medida cautelar contra los aumentos. El planteo cuestionó que no se hubieran convocado nuevas audiencias públicas y señaló que, desde 2021, los incrementos se aplican sin una participación adecuada de los usuarios

La presentación también objetó la pérdida de eficacia de la Tarifa Social Provincial. Según el reclamo, las bonificaciones para los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los componentes tarifarios y redujeron su capacidad real de cobertura

En septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola, admitió esos planteos. Suspendió las actualizaciones y ordenó devolver los importes cobrados por los aumentos. La medida también alcanzó a unas 200 cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal fuera del AMBA

A fines de octubre, el gobierno bonaerense y las distribuidoras apelaron. Sostuvieron que el procedimiento técnico ya había incluido la participación ciudadana exigida y advirtieron que suspender los aumentos podía afectar la sostenibilidad financiera del servicio y el capital de trabajo de las empresas

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, hizo lugar a la apelación provincial. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la postura oficial y afirmó que la Provincia explicó por qué no correspondía convocar nuevas audiencias

La Defensoría aclaró que la cautelar no fue revocada, pero que actualmente no se ejecuta mientras la Cámara analiza las apelaciones

La disputa tarifaria se proyecta sobre la Legislatura

El conflicto judicial tuvo una derivación política. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria y dirigente cercano a Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría y cuestionó la disposición provincial. También apuntó contra Gabriel Katopodis, uno de los dirigentes del kicillofismo mencionados como posibles candidatos a la gobernación en 2027

Tignanelli había trabajado con Lorenzino en un proyecto sobre el sobreendeudamiento. Un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello indicó que las deudas impagas de los bonaerenses suman $6,49 billones y que más de 1,8 millones de personas están en mora

La iniciativa propone un régimen provincial de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento. El esquema establecería una instancia prejudicial obligatoria para que la Defensoría medie entre deudores y acreedores, incluidos bancos y billeteras virtuales, antes de una eventual llegada a la Justicia

El proyecto obtuvo media sanción a fines de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque generó discrepancias entre legisladores del mismo espacio enrolados en el MDF