Una investigación judicial apunta a una red que habría desviado 742 armas de fuego hacia el mercado ilegal mediante prestanombres, trámites simulados y una cadena de facilitadores. La causa quedó ahora al borde del juicio oral con 11 imputados

Según la acusación, la estructura funcionaba al menos desde 2022 y usaba personas interpuestas para registrar armamento a su nombre sin que luego quedara bajo su control real. Entre las armas mencionadas figuran pistolas semiautomáticas, revólveres, escopetas y fusiles de distintos calibres y marcas reconocidas

Compras formales, destino incierto

Los investigadores detectaron operaciones de adquisición de armamento de alta gama que, en la práctica, desaparecía del circuito legal. En la mayoría de los casos no fue hallado en los domicilios declarados como lugar de guarda ni se comprobó una tenencia efectiva por parte de los supuestos dueños

La hipótesis es que esas armas alimentaban el mercado negro local y también salían hacia países limítrofes. Al menos dos pistolas vinculadas al caso terminaron secuestradas en Chile luego de hechos violentos

Allanamientos y procesamientos

En abril, el juez federal de Campana ordenó 140 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias. Después, procesó a los 11 sospechosos, que quedaron a un paso del juicio

Entre los acusados aparecen gestores, responsables de armerías, ex empleados del ex Renar/Anmac y un oficial de la Policía de la Ciudad. Para la Justicia, ese efectivo habría validado identidades y firmas en trámites sin hacer las verificaciones necesarias, lo que daba apariencia de legalidad a las maniobras

Escuchas y rastros del circuito

Las intervenciones telefónicas fueron clave para reconstruir la operatoria. En esas conversaciones surgieron pagos por gestiones, uso de terceros para registrar armas y referencias directas a movimientos irregulares

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los procesamientos y avaló la existencia de una organización orientada a comprar armas de manera aparentemente legal para desviarlas luego al circuito informal

Entre los casos individuales, un jubilado figura con 12 transferencias y 11 adquisiciones sin que se le encontrara ninguna de esas armas; una Bersa TPR9 registrada a su nombre fue secuestrada en Villarrica, Chile, tras un tiroteo en octubre de 2024. Otro jubilado aparece vinculado a una Bersa Thunder Pro 9 mm incautada en una investigación por homicidio en San Bernardo, también en Chile