La senadora del Centro Democrático María Clara Posada solicitó al Ministerio de Defensa revisar el Decreto 003 de 2021, al considerar que la norma terminó por restringir la respuesta de las autoridades en escenarios de violencia durante las manifestaciones
Según la congresista, el ajuste debería abarcar no solo el uso de la fuerza, sino también las reglas sobre el lugar de las protestas, la figura de los gestores de convivencia y la actuación del antiguo Esmad
Bloqueos y alcance de las protestas
Posada dijo que habló del tema con alcaldes y gobernadores y que su planteamiento respeta la autonomía de los mandatarios territoriales. Sin embargo, sostuvo que hoy no tendrían herramientas suficientes para limitar protestas en puntos clave de las ciudades
A su juicio, esa situación facilita bloqueos en vías principales y carreteras estratégicas, con impacto en la movilidad y en el abastecimiento de bienes y servicios
La senadora afirmó que una manifestación no debería paralizar el funcionamiento urbano ni cerrar corredores esenciales para la circulación
Críticas a los gestores de convivencia
La congresista también cuestionó la utilidad de los gestores de convivencia exigidos en las marchas para promover el diálogo. Aunque reconoció esa intención, aseguró que la medida resulta costosa para las entidades territoriales y deja expuestos a jóvenes que participan en esas labores
Por eso pidió revisar si esa figura debe mantenerse dentro del decreto
Más margen para actuar ante la violencia
Sobre el Esmad, Posada señaló que actualmente su intervención queda limitada para momentos en que la protesta ya perdió el control y derivó en hechos graves. En su opinión, esa restricción no tiene sentido cuando hay bloqueos o ataques contra infraestructura y comercios
La senadora insistió en que la Fuerza Pública debe contar con capacidad de reacción más temprana para contener la violencia desde el inicio, sin que el diálogo se convierta en una forma de dilación o bloqueo de la acción oficial
Su propuesta, dijo, busca proteger la protesta pacífica, pero sin amparar bloqueos, destrucción de bienes públicos o agresiones contra uniformados