La posible incorporación de la figura de ecocidio al Código Penal volvió a encender alarmas en el sector productivo argentino. El Consejo Agroindustrial Argentino, la Asociación Forestal Argentina y referentes rurales advirtieron que el texto en debate en el Senado puede generar una fuerte inseguridad jurídica y terminar alcanzando actividades legales y reguladas

El proyecto tramita bajo el expediente S-1064/25 y el Orden del Día Nº 122/2026. Ya obtuvo dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y prevé penas de 3 a 15 años de prisión, con escalas que pueden llegar a 25 años en casos agravados

El centro de la disputa: definiciones abiertas

Las entidades no cuestionan la protección del ambiente. Su objeción apunta a la herramienta elegida: consideran que el derecho penal no debería avanzar sobre la producción mediante conceptos vagos o difíciles de medir

Entre los puntos más criticados aparecen expresiones como “daño especialmente grave”, “deterioro severo” y “duración temporal”, que para las organizaciones carecen de parámetros técnicos claros. El Consejo Agroindustrial sostiene que esa indeterminación puede chocar con el principio de legalidad penal

Más alcance, más incertidumbre

Otro de los reparos se concentra en la referencia a “cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones”. Para AFoA, esa fórmula amplía demasiado el alcance del proyecto y podría hacer que una infracción administrativa sectorial o una ordenanza municipal se convierta en base de un delito federal

Desde el Consejo Agroindustrial advierten que una resolución menor vinculada con vuelcos, zonificación u otra cuestión operativa podría abrir una causa penal, borrando la diferencia entre una falta administrativa y un delito grave

Impacto no es lo mismo que daño

Las entidades también remarcan que toda actividad humana genera algún nivel de impacto ambiental, pero no por eso configura automáticamente un daño ilegal. Sostienen que una producción puede estar autorizada, contar con estudios de impacto y ajustarse a los parámetros fijados por la autoridad competente

El temor es que, sin criterios técnicos precisos, actividades reguladas queden expuestas a una interpretación penal posterior

La remediación y el ecocidio culposo, bajo cuestionamiento

El dictamen también es objetado por establecer que el daño ambiental irreversible puede configurarse aun cuando existan medidas de mitigación o remediación. Para las entidades, eso puede desalentar la inversión en recomposición ambiental rápida

Además, rechazan la figura de ecocidio culposo. Señalan que permitiría avanzar penalmente ante imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes, incluso en supuestos como fallas técnicas, errores de cálculo, accidentes logísticos o fenómenos climáticos extremos

Sanciones y efecto sobre empresas y empleo

El Consejo Agroindustrial también cuestiona las sanciones para personas jurídicas: suspensión de actividades por hasta diez años, inhabilitaciones, pérdida de beneficios estatales y multas que pueden calcularse sobre el capital social si no se determina el beneficio indebido

Según las entidades, ese esquema podría afectar especialmente a pymes y comprometer la continuidad de empresas antes de una sentencia firme

AFoA suma el impacto sobre la forestoindustria, un sector con ciclos de 10 a 20 años, y advierte sobre el efecto en las inversiones, el financiamiento verde y el empleo en provincias como Corrientes, Misiones, Entre Ríos y la región del Delta del Paraná

Pedido al Senado

También aparece el eje federal: la asociación forestal sostiene que usar cualquier normativa ambiental como base de un delito federal puede superponerse con competencias provinciales sobre recursos naturales

En ese marco, las organizaciones piden frenar el avance del proyecto. AFoA reclama el rechazo total del dictamen, el Consejo Agroindustrial solicita que la iniciativa no siga en el recinto y referentes rurales insisten en que proteger el ambiente no debe traducirse en reglas imprecisas que pongan bajo sospecha a quienes producen