El gobierno federal revocó la normativa de 2022 sobre inadmisibilidad por “carga pública” y fijó un nuevo esquema que empezará a regir el 18 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos tendrá más margen para evaluar si una persona que pide la green card podría depender de ayudas públicas en el futuro

Quiénes quedan alcanzados

La evaluación se aplicará a ciertos extranjeros que soliciten ingreso a Estados Unidos o un ajuste de estatus, salvo las categorías exceptuadas por ley. La decisión se hará caso por caso y alcanzará a toda solicitud que entre al sistema desde la fecha de entrada en vigor

Los oficiales podrán analizar factores como la edad, para estimar la capacidad de trabajo y producción económica del solicitante. Si concluyen que no podrá mantenerse por sus propios medios, podrán considerar que se trata de una “carga pública” y negar el trámite

Qué datos revisará la agencia

La norma exige ponderar varios elementos obligatorios: edad, estado de salud, estado civil o familiar, activos, recursos financieros y nivel de habilidades o educación. También se tomará en cuenta el uso previo o actual de ciertos beneficios públicos vinculados con los ingresos del hogar

Además, la Declaración de Apoyo o Formulario I-864 podrá influir en la decisión. Un patrocinio insuficiente puede pesar en contra del solicitante, aunque no es el único elemento que define el resultado

Qué casos quedan fuera

La ley excluye de esta prueba a refugiados, asilados, víctimas de trata humana con visa T, víctimas de crímenes con visa U y personas que tramitan su estatus bajo la ley VAWA por violencia doméstica

La norma también aclara que los beneficios recibidos por familiares ciudadanos no perjudican al solicitante y que no habrá penalización por ayudas de salud o nutrición utilizadas antes de la vigencia de la regla. El objetivo oficial es aplicar el criterio de manera prospectiva y publicar guías detalladas para orientar al público sobre sus derechos y obligaciones