En la Villa 31, también conocida como Barrio Mugica, convivieron durante años alquileres informales de entre $300.000 y $1.000.000 por mes, locales comerciales que superaban $1.500.000 y ventas de parcelas o techos para levantar nuevas viviendas por US$20.000. En ese mismo entramado aparecieron negocios irregulares, como la comercialización de celulares robados y corralones clandestinos que funcionaban de noche

A 500 metros de Recoleta, el barrio quedó en el centro de un plan de ordenamiento urbano impulsado por el Gobierno porteño. El objetivo es frenar las construcciones sin permiso, ordenar el espacio público, retirar chatarra, clausurar locales sin habilitación y reducir la actividad vinculada al narcomenudeo

Un barrio atravesado por décadas de desorden

Las irregularidades se acumularon durante años y el problema terminó afectando a las 45.000 personas que viven allí. La falta de control complicó el acceso de servicios básicos como higiene urbana, ambulancias, policía y bomberos, además de agravar los riesgos para los propios vecinos

La ley sancionada en 2018 para reurbanizar la zona no logró ordenar el crecimiento del barrio. Según la administración porteña, el desafío sigue siendo hacer cumplir las reglas para que no haya expansión urbana sin control ni obras levantadas fuera de norma

Tomas, créditos y alquileres por fuera de la norma

En los últimos meses se detectaron intentos de nuevas ocupaciones de terrenos ofrecidos a US$20.000 por parcela. Uno de los casos se registró en un predio ubicado detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, que fue liberado y está previsto para la futura Base Norte de la División de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad

El desorden también alcanzó a viviendas construidas por la Ciudad y adjudicadas con créditos hipotecarios de largo plazo y tasas accesibles. Algunas fueron vendidas y otras se alquilan por montos muy por encima de los previstos, algo que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó públicamente. Señaló que esos departamentos debían ser destinados exclusivamente a familias del barrio

Operativos y controles

Desde que comenzó la política de ordenamiento, se demolieron una docena de edificaciones clandestinas, se clausuraron otras 17 obras ilegales y se cerraron cinco corralones que abastecían esas construcciones. Además, en distintos operativos se compactaron 40 autos abandonados y se retiraron 40 camiones con chatarra

En paralelo, se reforzó el control de accesos para impedir el ingreso clandestino de materiales de construcción. También se colocaron carteles de gran tamaño en inmuebles con obras fuera de los límites permitidos, visibles desde la Autopista Illia y desde los trenes que llegan a Retiro

Desde el barrio, algunos vecinos valoran los cambios. Dicen que la limpieza de veredas y los operativos en el espacio público mejoraron la circulación y la seguridad cotidiana. Para el Gobierno porteño, el objetivo es claro: ordenar el barrio para que haya más seguridad y mejores condiciones de vida