El jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, autorizó de manera temporal la continuidad de la obra del nuevo salón de la Casa Blanca impulsado por Donald Trump, valuado en 400 millones de dólares
La decisión le da aire al gobierno mientras el máximo tribunal evalúa una apelación de emergencia. Instancias inferiores habían ordenado frenar el proyecto al considerar que requería aprobación del Congreso, una medida que debía entrar en vigor este viernes
Una obra en disputa
La administración de Trump sostiene que el presidente tiene autoridad total para reformar la Casa Blanca y otros edificios federales, y que el salón debe terminarse por motivos de seguridad nacional. Cuando anunció el plan, el mandatario no hizo foco en ese argumento y dijo que se financiaría con donaciones privadas, incluso aportes propios
El National Trust for Historic Preservation cuestiona esa postura y afirma que Trump no puede avanzar por su cuenta en una obra que incluyó la demolición del ala este. Sus abogados acusaron a la Casa Blanca de intentar acelerar los trabajos para adelantarse a los tribunales
Según documentos judiciales del Departamento de Justicia, el 65% de la obra ya está completado. El salón proyectado tendrá 90.000 pies cuadrados, unos 8.400 metros cuadrados, y donde antes estaba el ala este se realizan tareas a un ritmo de 20 horas por día, siete días por semana. También se informó que unos 200 millones de dólares en donaciones privadas ya fueron gastados o comprometidos
En abril, un juez federal ordenó detener la construcción sobre el nivel del suelo, aunque permitió seguir con trabajos subterráneos vinculados a búnkeres e instalaciones militares. Luego, dos jueces de apelación designados por presidentes demócratas concluyeron que el proyecto debía ser definido por el Congreso y no por decisión unilateral del Ejecutivo
Un tercer magistrado, nombrado por Trump, sostuvo que la organización demandante no tenía legitimación para reclamar
El procurador general, D. John Sauer, respaldó esa postura y calificó la decisión que frenó la obra como “extraordinaria e ilegal”. También afirmó que completar el proyecto es “vital” para la seguridad nacional