Rubén Rocha Moya volvió a asumir la gubernatura de Sinaloa este 21 de agosto de 2026, luego de 112 días de licencia. Su regreso reavivó el escrutinio sobre el caso que lo relaciona con presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
Las acusaciones que detonaron el caso
La controversia comenzó el 29 de abril, cuando se hicieron públicas acusaciones presentadas en Estados Unidos contra 10 personas de Sinaloa, entre ellas el propio Rocha Moya y exfuncionarios de su administración. Los señalamientos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de presunta protección a líderes criminales y filtración de información sensible
La respuesta de la FGR
Ese mismo día, la Fiscalía General de la República informó que analizaría si existían elementos suficientes para sostener una investigación formal. También advirtió que, de acreditarse indicios, podrían emitirse órdenes de aprehensión
En ese contexto, se recordó que en casos de gobernadores y senadores es necesario un juicio de procedencia para retirar el fuero. Más tarde, Rocha Moya dejó temporalmente el cargo y sostuvo que atendería cualquier instrucción de las autoridades mexicanas
Un expediente que sigue abierto
Meses después, la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy reiteró que los señalamientos no reunían los parámetros probatorios mínimos para avanzar contra los 10 acusados. También se informó que solo cinco de ellos declararon ante la autoridad, sin divulgarse sus dichos, y que la declaración de Rocha Moya quedó reservada por cinco años
El regreso y sus efectos políticos
Con su retorno al gobierno estatal, Rocha Moya recupera el blindaje del fuero, lo que dificulta cualquier acción penal en su contra mientras la investigación no se cierre. El propio mandatario ha rechazado las acusaciones y las atribuyó a maniobras políticas para dañar al movimiento de izquierda al que pertenece
Su regreso también incrementa la presión sobre el gobierno federal y sobre Morena, que han buscado deslindar la decisión del gobernador. En ese clima, voces como la de Ricardo Monreal criticaron el momento político del retorno y el impacto que el caso puede tener en la relación con Estados Unidos y en el debate sobre soberanía nacional