A partir de este 15 de agosto, millones de líneas móviles en México podrían ser suspendidas de forma temporal si no completaron el registro obligatorio de datos personales ante sus operadores. La medida podría alcanzar entre 4 y 8.7 millones de líneas y forma parte de la estrategia oficial para combatir la extorsión y el fraude

Sin embargo, el doctor Luis Miguel Martínez Cervantes, académico de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la disposición no solo plantea un problema de seguridad pública, sino también un posible choque con derechos humanos y constitucionales

Un freno al acceso digital

El especialista en espectro radioeléctrico explicó que la suspensión de una línea no afecta únicamente las llamadas telefónicas, sino también el acceso a internet, datos, noticias, servicios y herramientas cotidianas de consulta

En ese sentido, vinculó la medida con el derecho a la comunicación reconocido para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como con el derecho a la información y la libertad de expresión, ambos protegidos por la Constitución

“Cualquier restricción debe analizarse desde la perspectiva de los derechos que se ejercen a través de ese medio”, señaló el académico

El riesgo de la base de datos

Martínez Cervantes también puso el foco en la recopilación de información personal asociada a cada línea móvil. A su juicio, una base de datos de ese tipo puede revelar el número telefónico, la ubicación y los patrones de comunicación de una persona

Advirtió además que, si esa información se expone, se roba o se usa sin autorización, la ciudadanía queda vulnerable ante terceros

El académico afirmó que no hay garantías suficientes sobre el destino de esos datos ni sobre quién podría acceder a ellos. Aunque se sostiene que la información quedará en manos de los operadores, existen mecanismos de cooperación con autoridades que permiten consultar ciertos registros

Seguridad sin vigilancia

El especialista cuestionó que el registro por sí solo garantice una mejor respuesta contra la extorsión y otros delitos. En su opinión, también debe asegurarse que los datos estén protegidos y que no se usen para vigilancia indebida

“La frontera estaría en evitar que una medida presentada como mecanismo de seguridad termine afectando derechos fundamentales”, resumió

Para Martínez Cervantes, el debate no se limita a si una persona registró o no su número antes de una fecha específica. El punto central es si el Estado puede reforzar la seguridad sin convertir el acceso a las telecomunicaciones en una herramienta de control, restricción o censura