El posible fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños en Estados Unidos mantiene en alerta a miles de beneficiarios, mientras todavía no hay una definición oficial sobre la continuidad del programa
El abogado de inmigración José Guerrero señaló que, si la protección termina, las personas que ya tienen una orden final de expulsión podrían quedar expuestas a que esa medida se ejecute. “Te queda básicamente en el aire y ellos pueden ejecutar esa orden de deportación”, advirtió
Qué puede pasar después del 9 de septiembre
Guerrero explicó que el gobierno debía anunciar con al menos 60 días de anticipación si renovaba o cancelaba el TPS. Al no haber una comunicación dentro de ese plazo, la legislación contempla una prórroga automática de seis meses
Como antecedente, mencionó lo ocurrido con beneficiarios venezolanos, que tuvieron un margen de tiempo limitado para reorganizarse después de conocerse la terminación del programa
El impacto sobre quienes ya tienen una orden de deportación
Mientras el TPS sigue vigente, esa protección impide que las autoridades ejecuten una orden final de expulsión. Pero si el programa concluye, esa barrera desaparece
En ese escenario, el especialista sostuvo que las autoridades podrían “ir a buscar” y deportar a quienes queden alcanzados por una orden definitiva
Trabajo, familia y alternativas migratorias
La cancelación del TPS también afectaría el permiso de trabajo asociado al beneficio. Cuando venza esa autorización, los alcanzados ya no podrían trabajar legalmente en Estados Unidos
Aun así, Guerrero aclaró que la pérdida del TPS no implica necesariamente la salida inmediata de todos los beneficiarios. Muchos llevan años en el país y tienen hijos, cónyuges ciudadanos, bienes u otros vínculos que podrían abrirles otra opción migratoria
Por eso, recomendó buscar asesoramiento legal cuanto antes para revisar cada caso y determinar si existe una alternativa antes de que termine la protección temporal
El antecedente de Haití
En paralelo, el TPS para migrantes haitianos terminó el 27 de julio, luego de que la Corte Suprema habilitara al gobierno de Donald Trump a cancelar la protección sin revisión judicial
La finalización dejó a miles de personas ante la posibilidad de salir del país por su cuenta o enfrentar una deportación, en un contexto en el que muchos trabajan en áreas como la salud y la construcción