WASHINGTON.– La administración de Donald Trump dio un nuevo paso para convertir en permanente la tarifa de más de 100.000 dólares aplicada a ciertas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados, una medida que impacta especialmente en empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación y que hoy está frenada por los tribunales
El Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta de reglamento que fija en 103.265 dólares el costo para determinadas nuevas visas H-1B. La norma será publicada formalmente y abrirá un período de 30 días para recibir comentarios públicos. Si supera esa instancia, podría quedar cerrada antes de fin de año
Una tasa pensada para extenderse
La iniciativa busca darle continuidad a la decisión adoptada por Trump en 2025. La proclamación presidencial que instauró originalmente el cobro vence en septiembre, un año después de haber entrado en vigor, pero el mandatario ya había ordenado al DHS elaborar una regulación para mantenerlo de forma estable
El aumento es muy superior al costo habitual de una visa H-1B, que suele ubicarse entre 2.000 y 5.000 dólares, según distintos factores. El programa permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas e incluye 65.000 visas anuales más otras 20.000 para personas con títulos avanzados. Las autorizaciones pueden extenderse por períodos de tres a seis años
La disputa por la legalidad
El intento de transformar la tarifa en una regla permanente ocurre mientras sigue abierta la batalla judicial sobre su validez. En junio, un juez federal determinó que el cargo era ilegal y ordenó al gobierno impedir su cobro. Esa decisión ahora es revisada por un tribunal de apelaciones en Boston, mientras otra corte analiza una impugnación presentada en Washington
La discusión gira en torno a los poderes del presidente y del Departamento de Seguridad Nacional para fijar un cargo de esa magnitud. Quienes impugnan la medida sostienen que la autoridad presidencial para restringir el ingreso de extranjeros no permite alterar mediante una tasa las condiciones fijadas por la ley que creó el programa H-1B
También señalan que el DHS no puede imponer tarifas con fines recaudatorios sin una autorización expresa del Congreso
La administración Trump rechaza esa postura. El gobierno afirma que los 103.265 dólares no equivalen a un impuesto tradicional y que los tribunales tienen un margen limitado para revisar la autoridad presidencial en materia de ingreso de extranjeros al país
Las empresas, en el centro del choque
La discusión por el costo de las visas se inscribe en un debate más amplio sobre el programa H-1B. Trump y otros críticos afirman que algunas compañías usan este sistema para reemplazar trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos
Las empresas y varias organizaciones del sector privado, en cambio, defienden el mecanismo como una herramienta necesaria para cubrir vacantes para las que no alcanzan los perfiles locales. También sostienen que facilita el acceso a talento internacional en áreas estratégicas
Según documentos judiciales, hasta finales de febrero unos 70 empleadores habían pagado la tasa de 100.000 dólares por un total de 85 solicitudes de visa. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, junto con estados gobernados por demócratas y una coalición de sindicatos y empleadores, ya cuestiona la tarifa en tribunales. Esas demandas podrían ampliarse si la nueva regulación queda aprobada
Más controles y menos pedidos
La iniciativa se suma a otras medidas de la administración Trump para endurecer el sistema migratorio. El año pasado, los empleadores presentaron unas 344.000 solicitudes de visas H-1B, más de 25% menos que en 2024 y menos de la mitad de las 794.000 registradas en 2023, según datos oficiales
El gobierno también ordenó controles más exhaustivos sobre los solicitantes y propuso cambios en el sistema de selección para favorecer a trabajadores con mayores niveles de calificación y salarios más altos. A comienzos de agosto, además, el DHS aprobó una regulación con tarifas de hasta 4.500 dólares para ciertos trámites vinculados a la extensión de permanencia o al traslado a Estados Unidos de empleados que ya se encuentran en otros países