La campaña de Donald Trump y de sus aliados contra el supuesto voto de personas no ciudadanas se intensifica a medida que se acercan las elecciones de noviembre. El presidente impulsa medidas para que el Servicio Postal entregue boletas por correo solo a votantes cuya ciudadanía estadounidense haya sido verificada

En paralelo, la Oficina del Censo difundió un informe cuestionado sobre miles de votos de no ciudadanos en 2020, mientras el Departamento de Seguridad Nacional afirmó, sin mostrar evidencia, que hasta 250.000 personas sin ciudadanía podrían estar registradas en cuatro estados

El tema también ganó volumen en los estados. En Maine, el candidato republicano a gobernador confirmó una grabación en la que dice que pedirá al responsable fronterizo de Trump que envíe a agentes federales a centros de votación para garantizar que solo voten personas habilitadas

En los hechos, el voto de no ciudadanos es extremadamente raro y constituye un delito grave que puede derivar en deportación. Aun así, críticos del expresidente sostienen que esta ofensiva prepara el terreno para cuestionar resultados que no le resulten favorables en unas legislativas donde se juega el control del Congreso

Un informe con grietas metodológicas

El informe del Censo, citado por Trump en una publicación en Truth Social, aseguró en un análisis preliminar haber detectado 24.000 votos ilegales de no ciudadanos en 2020. La conclusión se apoyó en datos de un padrón comercial contrastado con registros federales

Especialistas advierten que la metodología pudo generar falsos positivos, por ejemplo si un nombre estaba asociado a una dirección equivocada o si el estatus de ciudadanía de una persona no había sido actualizado en una base de datos. Además, faltaron detalles clave sobre márgenes de error

Para expertos en elecciones, el valor político del documento está menos en su solidez técnica que en su capacidad para sembrar desconfianza. La lectura es que puede funcionar como una herramienta para sostener futuros cuestionamientos

Estados en la mira y respuestas escépticas

Una carta enviada en julio por el secretario de Seguridad Nacional a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania sostuvo que hasta 250.000 no ciudadanos podrían estar registrados. La reacción fue de duda y de pedido de información adicional

California rechazó la acusación y señaló que no había compartido su padrón estatal con esa dependencia federal. En Nueva Jersey, el gobierno estatal informó luego que unos 6.600 no ciudadanos fueron registrados de forma indebida a través del sistema de vehículos en 2023 y 2024; menos de 400 habrían votado. La administración ya comenzó a reemplazar al proveedor involucrado

En Pensilvania, el secretario de la Commonwealth dijo que funcionarios federales admitieron no tener alta confianza en que las 14.576 personas mencionadas inicialmente fueran realmente no ciudadanos inscritos de manera impropia. Nevada también pidió claridad sobre la metodología utilizada

La pulseada por la ley electoral

La presión sobre este tema coincide con el empuje de Trump a favor de una norma que obligue a presentar prueba documentada de ciudadanía al registrarse para votar en las legislativas. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pero sigue trabada en el Senado

Sus defensores afirman que reforzaría la integridad electoral, aunque reunir esa documentación sería difícil para muchos votantes. Un estudio de la Universidad de Maryland estimó en 2025 que 21,3 millones de personas elegibles para votar en Estados Unidos no tienen, o no pueden acceder fácilmente, a papeles que prueben su ciudadanía

Los detractores de Trump sostienen que el objetivo real no es la seguridad electoral, sino construir una narrativa para disputar el resultado si su partido pierde poder en Washington tras noviembre

El viernes, la fiscalía federal en Los Ángeles usó el arresto de un hondureño acusado de registrarse fraudulentamente para votar como señal de que habrá más acciones en California, un estado con varias contiendas clave por la Cámara de Representantes. Un fiscal auxiliar dijo que era “la primera de muchas” y advirtió que no se sabe cuántos no ciudadanos podrían estar registrados

Desde Colorado, la secretaria de Estado resumió la percepción de muchos funcionarios electorales: la estrategia de Trump busca erosionar la confianza pública y desestabilizar la administración de los comicios, aunque esos intentos no estén funcionando