Uber Eats, a través de su razón social Portier, LLC, aceptó pagar US$4,4 millones por salarios atrasados, intereses, daños y perjuicios y sanciones civiles a 14.421 repartidores en Seattle. Además, abonará US$5.982,90 en multas a la ciudad

El caso surgió por el incumplimiento de una ordenanza local que fija pagos mínimos obligatorios para trabajadores de plataformas. La Oficina de Normas Laborales de Seattle informó que la compañía no cubrió los montos correspondientes a pedidos cancelados y, en algunos casos, tampoco respetó la tarifa mínima por el tiempo trabajado

Un nuevo golpe regulatorio para la plataforma

La autoridad laboral sostuvo que la empresa debía haber compensado a los repartidores por el trabajo realizado dentro de la ciudad y por las entregas frustradas. El acuerdo se convirtió en el segundo más importante alcanzado por esa oficina

El precedente fue otro convenio con Uber Eats, cerrado el verano boreal pasado, por US$15 millones para más de 16.000 trabajadores vinculados a violaciones de normas de protección laboral. Después de ese arreglo, varios repartidores volvieron a denunciar incumplimientos, lo que abrió una nueva investigación

Desde el frente de defensa laboral, el caso fue presentado como una señal de que las empresas no pueden autorregularse sin control efectivo. Para los trabajadores, el acuerdo representa la recuperación de millones de dólares que no habían sido pagados

Otra demanda en Estados Unidos

En julio, Uber Eats también fue demandada en el norte de California por el cobro de una tarifa de entrega prioritaria. La presentación judicial acusó a la empresa de cobrar entre US$1 y US$5 extra por un servicio de “envío directo a ti” sin garantizar un beneficio real

La denuncia señaló que la aplicación no informa a los repartidores qué pedidos fueron pagados como prioritarios, puede agrupar entregas antes de completar ese pedido y permite que los trabajadores operen al mismo tiempo con plataformas rivales