El juez federal Lewis Kaplan ordenó el 6 de noviembre de 2026 que la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumpla una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) relacionada con residentes de un refugio de El Bronx
La medida busca identificar a hombres con determinados antecedentes penales y determinar si podrían ser deportados. Sin embargo, el fallo no constituye por sí mismo una orden de detención
Qué información deberá entregar la ciudad
El requerimiento alcanza a algunos residentes del albergue municipal ubicado en la calle 141 Este, en Mott Haven. La solicitud incluye nombres, fechas de nacimiento y otros registros de identificación
El establecimiento de Bruckner funciona en un antiguo galpón del sur de El Bronx y tiene capacidad para más de 2000 personas. Esa cifra no indica cuántos residentes quedarán comprendidos en la entrega de datos
El filtro antes de la revisión migratoria
El ICE aceptó limitar la búsqueda a personas vinculadas con determinados delitos graves. Un auxiliar especial del tribunal revisará los registros y filtrará los nombres antes de transmitir la información a la agencia
Entre los antecedentes mencionados figuran homicidio, violación, robo, agresión, hurto mayor, robo con allanamiento y agresión contra un agente del orden
La investigación también deberá establecer si las personas identificadas son inmigrantes y si pueden ser deportadas. El pedido inicial incluía residentes de dos refugios, pero fue reducido en versiones posteriores
La disputa entre la alcaldía y el ICE
Desde agosto de 2025, la agencia presentó cuatro citaciones relacionadas con albergues municipales. La ciudad se opuso a todas ellas
La administración municipal sostuvo que el ICE intentaba eludir las leyes de Ciudad Santuario mediante una citación administrativa. Kaplan rechazó el argumento y concluyó que Nueva York no había demostrado que entregar la lista representara una carga excesiva
El juez otorgó dos semanas para que las partes presentaran un plan de trabajo al auxiliar especial. La administración municipal analiza sus próximos pasos y la fiscal general estatal, Letitia James, evalúa una posible apelación