José Urías cruzó la frontera hacia Estados Unidos en 1994 sin dinero ni una ruta clara. Empezó repartiendo muebles, lavando platos y cocinando en restaurantes. Tres décadas después, su empresa ya construyó más de 150 viviendas en el área de Boston
El presente, sin embargo, es incierto. La posible expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) amenaza con dejarlo fuera del país y separar su vida familiar de la estabilidad que consiguió con años de trabajo
De trabajos precarios a una empresa de viviendas
Urías abrió su negocio de construcción hace unos 18 años. Primero se dedicó a remodelar propiedades y más tarde avanzó hacia la construcción y venta de casas
Con el tiempo también sumó una compañía inmobiliaria. Entre ambas firmas emplea a tres personas y trabaja con siete contratistas, con impacto en decenas de puestos de trabajo en Malden, Massachusetts
El empresario dice sentirse orgulloso de lo conseguido, aunque recuerda que el camino exigió sacrificio, adaptación al idioma y a la vida cotidiana en Estados Unidos
La presión por una salida migratoria
Urías paga impuestos y forma parte del reclamo de los salvadoreños protegidos por el TPS. Sostiene que se trata de personas que trabajan, no tienen antecedentes y pasan controles periódicos
También afirma que, pese a sus negocios y aportes, nunca encontró otra vía para regularizar su situación. Por eso pide una respuesta del Congreso antes de que sea tarde
Una familia atravesada por la incertidumbre
Urías tiene 47 años y está casado con otra salvadoreña amparada por el TPS. Tienen dos hijos estadounidenses: uno de 19 años, que cursa su segundo año en Babson College, y otro de 13
Sus padres y 11 de sus 13 hermanos tienen residencia legal permanente. Los otros dos nacieron en Estados Unidos. Si la protección vence, sus hijos seguirán en el país, pero él y su esposa quedarían expuestos a perder su permanencia legal
Urías dice que su vida ya está hecha en Estados Unidos y que allí están sus oportunidades. Para él, la eventual pérdida del TPS sería como recibir el aviso de que el sueño americano se terminó de golpe
El reloj del TPS
El programa fue creado en 1990 para evitar deportaciones hacia países golpeados por desastres naturales o conflictos civiles. Permite vivir y trabajar legalmente por períodos de hasta 18 meses
En el caso de El Salvador, la protección comenzó en 2001, después de los terremotos que afectaron al país. Muchos beneficiarios llevan más de dos décadas en Estados Unidos y tienen hijos nacidos allí
El permiso vence el 9 de septiembre de 2026. Si no se renueva, unas 170 mil personas perderán su autorización laboral y quedarán expuestas a detención o deportación
Un impacto que también pesa sobre El Salvador
La incertidumbre crece entre los beneficiarios. Dirigentes comunitarios advierten que muchas familias están atemorizadas y reciben llamadas de personas en pánico por el posible fin del programa
El contexto político tampoco ofrece certezas. El gobierno salvadoreño mantiene cooperación con la administración estadounidense en temas de seguridad y control migratorio, pero eso no garantiza una extensión
Además, los salvadoreños en Estados Unidos enviaron US$9900 millones en remesas durante 2025, una suma equivalente al 24% del producto interno bruto de El Salvador. En el primer semestre de 2026, las deportaciones hacia ese país aumentaron 73,8%